España, como histórica unidad nacional y Estado presuntamente unitario, está hoy en peligro. Desde el primer instante del posfranquismo, hace casi medio siglo, el llamado Estado de las Autonomías llevaba incorporado el germen de la propia disgregación.
La autonomía de las regiones suponía la aceptación de que España no era, como se daba por supuesto desde siglos atrás, un conjunto unitario sino un conglomerado de diecisiete territorios con sus características propias: espacio, costumbres, normativa, lengua en ciertos casos y algunos hechos históricos interpretados incluso con particularidades de origen racial.
Las llamadas regiones autónomas fueron, pues, creadas a modo al admitir la artificial propuesta de la Comisión constituida al efecto con parlamentarios supuestos expertos, dos de ellos representantes de sendos particularismos catalán y vasco, procedentes de las regiones en las que apuntaban antiguos regionalismos emergentes.
Los estatutos de autonomía en ambos casos, y algún otro a la espera como el gallego, supusieron una aceptación implícita de las peculiaridades propias que les atribuía una difusa personalidad histórica. Los padres fundadores entendieron que la mejor fórmula para ensamblar un territorio con diferentes trayectorias sería crear la novedad constitucional del llamado Estado de las Autonomías.
Nuestros primeros padres de la Transición política hicieron lo que pudieron con los mimbres que tuvieron a mano y las cautelas que intentaron conjurar frente al planteamiento de los emergentes separatismos. Algunos comentaristas entendimos entonces que la admisión de los particularismos supondría el aplazamiento de un problema serio, consistente en admitir un conflicto a plazo.
Así las cosas de la gran política nacional, llegamos a esta surrealista situación en la que tanto la forma de Estado como la de Gobierno, la Monarquía como la división de poderes, y la misma unidad territorial dividida en taifas, parecen abocar a una desmembración de sus territorios con la consecuente desaparición de la España unitaria y secular.
Ante esta situación, unida a la pandemia que desde hace más de un año nos aflige, con unas consecuencias de dimensiones catastróficas, unas alteraciones de orden público incontenibles y un desastre económico monumental, la clase política opositora, la denostada derecha, sólo se le ocurre mantener una actitud de resistencia. División de fuerzas que, con un programa común, renuncias a sus programas máximos y a personalismos, sin duda arrebataría el poder a una izquierda revanchista.
Sobre todo, recuperaríamos el respeto a la forma de Estado, la división de Poderes y lo que se ha de entender como el verdadero orden constitucional. Vivimos tiempos de enormes riesgos que demandan decisiones firmes y renuncias generosas, unir fuerzas y en algún caso concreto el deber moral de retirarse a tiempo.
Antes de que el desastre sea definitivo, convendría recuperar la cordura colectiva.
