De los disparates cometidos por no pocos alcaldes al aplicar la ley de Memoria Histórica se puede sacar sangre, pero no tanta. Ya de entrada, es la propia ley la que resulta disparatada porque lo peor que cabe hacer con una barbarie cometida por cualquier dictador de turno es relegarla al olvido. Hitler, Mussolini, Stalin y Franco fueron autores de crímenes que jamás deberíamos dejar que se nos borraran de la memoria pero, aunque quisiéramos hacerlo, con cambiar el callejero completo no bastaría ni por asomo. Haría falta reescribir la Historia negando que ocurrió lo que ocurrió, como a veces se intenta hacer. Y ya sabemos lo peligroso que es adentrarse por ese sendero aunque sólo sea por la advertencia de Santayana acerca de lo que les espera a los pueblos que olvidan su pasado: quedan condenados a repetirlo una y otra vez.
Tampoco habría que rasgarse las vestiduras ante el desconocimiento histórico de los alcaldes al dar por militares franquistas a los almirantes que combatieron contra Nelson en Trafalgar, o al ignorar que los destructores que llevaban sus nombres durante la Guerra Civil pertenecían al bando legal, es decir, al republicano. ¿Qué culpa tienen los que fueron a la escuela tras la Transición de que en las asignaturas de Historia no les enseñasen lo más elemental? Quienes deberían responder de ello son los ministros que permitieron convertir la enseñanza primaria, secundaria y universitaria en un arma política arrojadiza y las comunidades autónomas que se aprovecharon de semejante indolencia para contar con legiones de ciudadanos adictos a la causa partidista. No basta con dejar a los adolescentes sin latín ni filosofía –o sin los suficientes conocimientos de ciencias muchos de ellos– para conseguir la falta de educación que nos caracteriza hoy.
Si acaso, a quienes cabría exigir responsabilidades es a los asesores, a los muchos asesores que consumen buena parte de los dineros públicos sin que se justifique el gasto. Ellos, al menos, sí que deberían documentarse porque alegar ignorancia viene a ser como admitir que cobran por no hacer nada. Pero peor es que pongan a quienes les contrataron en un aprieto a sabiendas, insistiendo en hundirles en el error con argumentos de lo más peregrinos en vez de reconocer lo obvio: que a veces se mete la pata.
Algunos periodistas han aprovechado la tendencia absurda de sostenella y no enmendalla –Cervantes, por si a algún asesor no le suena– para llevar las cosas hasta extremos igual de idiotas, o más. Un diario de tirada nacional ha dicho del crucero Baleares “que sí apoyó a Franco y que da nombre a las islas”. Bueno; sostener que el archipiélago se llama así como homenaje a un barco de la Guerra Civil (y no al revés) es un pelín excesivo. Los romanos ya hablaban de las Baleares y las Pitiusas. Pero ¿a santo de qué se deben respetar la historia o la sintaxis en un reportaje?
