Ocurrió el jueves previo a la Semana Santa. Una mujer madrileña de 78 años decidió aprovechar estas fiestas para disfrutar de su apartamento en la playa de San Juan en Alicante. Las noticias no precisan si llegó en coche o en tren. Lo cierto es que llegó sin que nadie se lo impidiera. Instalada en su casa de veraneo, se disponía a descansar tras el viaje. De repente, alguien llamó a la puerta y no era el lechero.
Un vecino la había denunciado. Se encontraba en su propia casa de forma ilegal, pues se había saltado el llamado cierre perimetral. Dos coches patrulla se presentaron en la puerta del edificio de apartamentos de la avenida de Santander. Los agentes subieron a su casa y le comunicaron la infracción. Se acabaron las vacaciones. La mujer, de la que se desconocen más datos que su edad, tuvo que volver a su domicilio de Madrid con una propuesta de multa de 600 euros. La ley es la ley.
Ese mismo jueves, víspera del Viernes de Dolores y también en Alicante, un vecino vio en las redes sociales una imagen en directo de un hombre que paseaba fumando y sin mascarilla. El vecino llamó a la policía, que descubrió que el delito se estaba produciendo a 923 kilómetros de allí, en la avenida de Ramón Ferreiro de Lugo. Puesta en marcha la maquinaria policial, el delincuente fue localizado por agentes lucenses antes de que acabara la retransmisión en directo y convenientemente sancionado.
Aunque se ha sabido ahora, en el puente de San José otro vecino, esta vez del barrio de Salamanca de Madrid, llamó a la policía. Según denunció, en uno de los pisos del inmueble parecía estar celebrándose una fiesta ilegal. Los agentes llamaron a la puerta del piso sospechoso a la una menos diez. Al otro lado, una joven se negó a abrir si no le mostraban una orden judicial. No la tenían. Sin embargo, a las dos de la madrugada los seis policías derribaron la puerta con un ariete y entraron en la vivienda. Dentro se encontraban catorce personas, varios vecinos de la propia finca y varios extranjeros de origen árabe, que no bebían, dato este que debe de ser relevante. Nueve de ellos fueron detenidos, acusados de desobediencia grave. Los abogados de los detenidos consideran que las fuerzas de seguridad se extralimitaron. ¿Vuelve la patada en la puerta de los noventa?
En esta Semana Santa –la segunda ya bajo los efectos de la pandemia– la colaboración ciudadana funciona se ha disparado. Prodigan los policías de balcón en cada edificio, en cada calle, en las redes sociales. Que si llevamos la mascarilla mal puesta, que si estornudamos, que si fumamos, que si mi vecino se ha ido de vacaciones, que si en ese piso he visto entrar a más de cuatro personas.
Bien está estimular la colaboración ciudadana, pero de ahí a convertir a cada vecino en una extensión del largo brazo de la ley solo hay un paso. Es responsabilidad también de las autoridades que, en una situación de pánico, los residentes no arremetan contra sus vecinos. La anecdótica transgresión de la norma se exagera hasta extremos inconcebibles. Los grupos minoritarios se convierten en hordas, Los vecinos jóvenes, en sospechosos. No podemos permitir que unas medidas preventivas de salud pública abran la puerta a un estado policial. Porque no estamos ante un caso de maltrato en la puerta de al lado o de un comando yihadista instalado en nuestro rellano. Estamos ante unos ciudadanos –sí, insensatos– que a lo más que llegan es a celebrar una fiesta en su casa, a irse de vacaciones en un momento inoportuno, o a fumar un cigarrillo en la calle.
Lo llamativo de los tres casos es que es un vecino el que denuncia. Por propia iniciativa o atendiendo a las múltiples llamamientos de las autoridades para que delaten a “los vecinos que incumplan el toque de queda y las nuevas normas”.
Al ojo del Gran Hermano orwelliano no se le escapa una. Son demasiados los trágicos ejemplos en la historia como para tomárselo a broma. ¿El próximo paso cuál será? ¿Los “dos minutos de odio” de que habla Orwell en 1984?
