No hay alternativa ni del Gobierno central ni de los gobiernos autonómicos para el 9 de mayo, fecha en la que expira el estado de alarma establecido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado noviembre con el objetivo de darse un amplio margen jurídico para combatir la pandemia y fijar las debidas restricciones. En aquel entonces, mayo parecía lo bastante lejano como para considerar que con una rápida vacunación se pudiese dar por superada la incidencia del covid-19, pero, a falta de un mes para que llegue esa meta, las perspectivas son bastante distintas.
El decreto de estado de alarma ha sido el tronco jurídico sobre el que se han ido colgando las diferentes regulaciones de las comunidades autónomas para establecer restricciones que afecten a la movilidad de los ciudadanos, en especial los ajustes en los toques de queda y los cierres perimetrales. Las autonomías tienen potestad para establecer otras regulaciones, como limitaciones de aforo y horarios, pero siempre se han sentido más cómodas bajo el paraguas de una norma estatal que ha marcado una situación excepcional para el conjunto del territorio.
Dos son los factores que ponen en duda que el próximo 9 de mayo se pueda considerar aceptablemente superada la situación sanitaria. Primero, el ritmo de vacunación no se está produciendo al inicialmente previsto, en gran parte por los problemas de la Unión Europea a la hora de gestionar la adquisición de vacunas y las limitaciones de las propias farmacéuticas. Con todo, la UE aún cree asumible el objetivo de que a finales de verano el 70 por ciento de sus ciudadanos estén ya inmunizados, y confía que a finales de junio los mayores países de la Unión ya hayan aplicado la protección al 60 por ciento de sus residentes. Entre esos países se encuentra España, según las previsiones de Bruselas, de ahí que asistamos en las próximas semanas a un intento de acelerar al máximo el ritmo de vacunación.
El segundo elemento que complica el escenario de mayo es la propia evolución de los contagios. El repunte de casos que se observa en distintas zonas europeas más la dinámica ya conocida de comportamiento de los contagios tras los periodos vacacionales hace prever a los expertos sanitarios que se inicie próximamente (si no lo ha hecho ya) una cuarta oleada de infecciones. Esta tendría una duración de entre seis y ocho semanas, de modo que España podría encontrarse en una situación de muy elevada incidencia en el momento en que se desactivase el estado de alarma.
Hay un tercer factor importante, no vinculado a la pandemia, sino al escenario político: la celebración de las elecciones autonómicas en Madrid, fijadas para el 4 de mayo. El clima de confrontación elevará aún más la polaridad entre los bloques de izquierda y derecha. En ese marco, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá muy complicado obtener la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante un prórroga del estado de alarma, aunque pudiera precisamente ayudarle argumentalmente el hecho de que la situación de la pandemia por esas fechas fuese grave.
Con todo, el Gobierno de Sánchez ya ha ido deslizando algunas posibles alternativas, como convertir el Consejo Interterritorial de Salud en un órgano del que emanen acuerdos mayoritarios de obligado cumplimiento. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ya ha apuntado como positivo que el Tribunal Supremo haya avalado decisiones de obligado cumplimiento adoptadas en ese órgano. Le resultaría más fácil al Gobierno contar con el respaldo de los ejecutivos autonómicos dispuestos a adoptar medidas que frenen los contagios que sumar una mayoría política parlamentaria. La duda estará en la fuerza jurídica que tendrían esas decisiones. El Gobierno asturiano todavía no tiene una posición clara sobre lo que puede ocurrir dentro de un mes, aunque sería uno de los más proclives a una prórroga del estado de alarma. Y en todo caso, se evidencia que un año de pandemia no ha servido para que el Gobierno central y los autonómicos se armen de las herramientas necesarias para afrontar sin ambigüedades situaciones como esta.
