1. Las mociones de censura del PSOE y Ciudadanos en la Región y en el Ayuntamiento de Murcia desencadenaron un conflicto político y mediático de grandes proporciones. El PP conservó la Presidencia de la Comunidad Autónoma merced al transfuguismo de tres diputados de Cs (inmediatamente incorporados al Gobierno regional), pero perdió la alcaldía de la capital murciana. Estos episodios repercutieron en la destitución fulminante de los Consejeros del partido naranja en el Ejecutivo de coalición con el PP de la Comunidad de Madrid y en la casi inmediata disolución de la Asamblea autonómica. Para mayor enredo, antes de la publicación del Decreto de disolución, el PSOE y Más Madrid presentaron sendas mociones de censura, que fueron admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara. Este órgano recurrió contra el Decreto publicado al día siguiente y pidió la suspensión “cautelarísima” de su ejecución. Sigue el lío: el TSJ de Madrid desestimó tal pretensión, y lo hizo entrando claramente en el fondo del asunto, cosa que no cabe en un incidente de medidas cautelares. Los recurrentes retiraron entonces su impugnación de la validez del Decreto, ya inútil.
Viables, pues, las elecciones madrileñas del 4 de mayo, se va Pablo Iglesias del Gobierno central para tratar de contener una debacle de Unidas Podemos en los anunciados comicios. Ello permite a la Sra. Díaz Ayuso reajustar su eslogan de campaña: “comunismo o libertad”, que en realidad significa “hostelería o salud”.
Por último, la onda expansiva generó una moción de censura socialista en las Cortes de Castilla y León, que acabaría siendo rechazada al mantenerse firme la coalición gobernante PP-Cs.
El juicio que merecen estos avatares de nuestra vida institucional ha de ser muy severo. Asombra a los españoles sensatos que en tiempos de pandemia bíblica (con decenas de miles de muertos y cuantiosas pérdidas en el ámbito económico-laboral) los partidos políticos continúen dedicándose a tales enredos, cuya única finalidad es la renovación o sustitución de poltronas. La mayoría de la gente no entiende la maniobra de PSOE y Cs en Murcia, ni la fallida tentativa del PSOE en Castilla y León, ni tampoco la irresponsabilidad de celebrar elecciones en Madrid a sólo dos años del final de la legislatura. Por supuesto, todos los partidos dejarán en estos embates, envites y tejemanejes buena cantidad de pelos en la gatera, sobre todo Ciudadanos, un partido que, sin doctrina propia discernible y sin encaje hoy fuera del contexto catalán en que nació, ha entrado en fase de desguace. El tremendo error de Albert Rivera al no formar un Gobierno de coalición con el PSOE cuando, tras las elecciones generales de abril de 2019, ambos sumaban 180 escaños en el Congreso (123+57) demuestra, una vez más, hasta qué punto los dioses excitan nuestra vanidad cuando quieren perdernos. Rivera se vio a sí mismo acaudillando a todo el centro-derecha y presidiendo un Ejecutivo nacional de coalición con el PP.
2. Como en medio de tantos ardores no queda tiempo para preocuparse por el bien común, seguimos sin proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Eso sí, a modo de granada antitanque frente al blindaje del actual Consejo por el obstruccionismo del PP, se ha aprobado la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, a fin de establecer que el órgano añosamente prorrogado tenga limitaciones funcionales y se atenga meramente a los asuntos de administración ordinaria, sin poder efectuar ya los grandes nombramientos, o sea, aquellos de los titulares de los órganos jurisdiccionales de mayor jerarquía (incluidos dos Magistrados del TC). La verdad es que, desde la reforma legislativa de 1985, el CGPJ no acaba de encontrar su sitio en el conjunto de los órganos superiores del Estado. Un ilustre colega lo califica de “trasto constitucional”. Pero yo creo, al contrario, que se trata de una institución indispensable para garantizar, en nuestro país, la independencia de los jueces. A tal fin, los 12 Vocales del Consejo de procedencia judicial no debieran, en mi opinión, ser elegidos por las Cortes, sino por los propios miembros de la judicatura. Esta opción (que era la del constituyente) es rechazada, sin embargo, por los socialistas, y tampoco el PP puso mayor entusiasmo al respecto en los períodos en que contaba con mayoría absoluta.
Y hablando de retrasos, ahí está el que lleva acumulado el TC en la resolución del recurso contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo: ¡el 1 de junio se cumplirán once años desde el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad! Y eso que en su Auto 90/2010 el Alto Tribunal dispuso dar carácter prioritario a la tramitación del recurso. Evidentemente, se trata de un supuesto escandaloso de deslealtad constitucional, cuando no de una pasividad delictiva, por parte del intérprete supremo de la Constitución.
No ha habido, en cambio, retraso alguno en la reciente STC de 18 de marzo de 2021 sobre el uso del bable en la Asamblea autonómica asturiana, tras la reforma de su Reglamento el 1 de julio de 2020. Esta norma dispone que tanto los miembros del Gobierno del Principado de Asturias, como los cargos y empleados públicos y cualquier persona que comparezca ante la Cámara “podrán utilizar el bable/asturiano”. Como es sabido, el artículo 3.2 de la Constitución condiciona la oficialidad de las lenguas distintas del castellano a su declaración por los respectivos Estatutos de Autonomía. Ahora bien, el Tribunal considera que la utilización mencionada en sede parlamentaria no contiene ningún elemento de oficialidad, por lo que desestima el recurso de inconstitucionalidad entablado contra el precepto reglamentario. El lúcido voto particular discrepante de la Magistrada Roca Trías me exime de la penosa tarea de argumentar sobre la evidencia. La Sentencia del TC es, en suma, una palmaria manifestación de desfachatez, pero enhorabuena cordial a los bablistas y mi más sentido pésame al tantas veces muerto o mal enterrado artículo 3.2 de la Ley Fundamental.
