Desde que las comunidades autónomas decidieron, en irracional competencia, emprender una loca carrera por emular al Estado en afán recaudatorio para sujetar el engordado andamiaje administrativo autonómico, los españoles dejamos de ser iguales en materia educativa y sanitaria pero también en el ámbito fiscal, donde las diferencias entre unas comunidades y otras llegan a ser considerables. Las evidentes desigualdades rozan la desvergüenza a la hora de valorar el impuesto de sucesiones, uno de los tributos de rango estatal que fueron cedidos íntegramente en su día a las comunidades autónomas y que cada una a su capricho ha convertido en argumento de escandaloso agravio del que son paganos los ciudadanos que pierden a un familiar y tienen que asumir el coste de la herencia. 

En el ranking fiscal de las comunidades autónomas, Asturias es la región donde más impuestos se pagan por heredar. La Administración regional obtiene un importante beneficio económico de un tributo por el que el pasado año percibió 68,25 millones de euros y que en el Presupuesto de 2021 cuenta con una estimación de ingresos aún mayor, 75,65 millones. En el último ejercicio contable del que se tiene referencia, el de 2019, la región recaudó 67 euros por habitante en base a este impuesto, una de las cifras más elevadas del concierto autonómico, solo superada por Madrid (68 euros), Cataluña (73), Aragón y Castilla y León (79) y Baleares (96).

Las medidas anunciadas por Madrid en la última reforma de este tributo, con bonificaciones tanto para los herederos colaterales como los directos, y el anuncio la pasada semana del Gobierno castellanoleonés de una bonificación del 99 por ciento en la cuota, rebajarán la presencia de esas regiones en el listado de las que más recaudan y Asturias quedará casi al nivel de comunidades mucho más ricas, como Cataluña, Aragón y Baleares.

Basta un ejemplo gráfico para reconocer la irracionalidad y el agravio comparativo entre territorios a cuenta de esta carga fiscal ineludible. Un contribuyente de 30 años de edad que hereda bienes de sus padres por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponderían a la vivienda del fallecido, pagaría en Asturias 103.135 euros por el impuesto de sucesiones, la cifra más alta del país y más de 20.000 euros por encima de la que tendría que asumir hasta ahora un ciudadano de Castilla y León (81.018 euros) y casi el doble que un aragonés (55.466 euros). Se ve aún mejor lo disparatado del gravamen si se compara con Madrid, donde en la misma situación el heredero solo pagaría 1.586 euros.

Así, mientras hay regiones que como Asturias aprietan las clavijas a los contribuyentes, otras –cada vez más, como pone de manifiesto el reciente ejemplo castellanoleonés– los eximen con bonificaciones. La situación torna a ser sangrante con un impuesto que no entiende de crisis, ni siquiera en medio de una tan grave como la actual, de elevado coste en vidas, en gasto sanitario y en continuas pérdidas económicas y sociales. Vaya como vaya la economía, las personas fallecen y las administraciones regionales hacen caja a costa de la transmisión de bienes a los herederos.

Cada decisión de las comunidades autónomas en favor de reducir la cuantía de este polémico impuesto pone en evidencia la situación de insularidad del Principado en relación con un tributo que se convierte en una invitación a abandonar el territorio asturiano y establecerse en otros donde lo que hay que pagar por una herencia resulta una carga mínima o mucho más liviana. Entre las comunidades vecinas, la decisión de Castilla y León la iguala a Cantabria, donde ese impuesto es prácticamente inexistente, y a Galicia, que elevó a un millón de euros el mínimo exento. Asturias queda así como un islote aislado en el empecinamiento de su Gobierno por mantener una carga extemporánea en el sentido de afectar a unos bienes por los que el fallecido tributó durante años y los herederos seguirán tributando en el futuro.

Que una región tan próxima como Castilla y León, donde muchos asturianos disponen de una segunda residencia, reduzca al mínimo el impuesto de sucesiones, abre la puerta a la posibilidad de una fuga fiscal, como la que estos últimos años se ha ido produciendo a Madrid. Ahuyentar al dinero con medidas fiscales desproporcionadas y en ocasiones demagógicas, como referir que este impuesto solo castiga a los ricos, conlleva también la posibilidad de azuzar de manera irreflexiva la marcha del talento empresarial a zonas de mejor trato. Cuando los bienes son el resultado del trabajo, el ingenio y la capacidad de quien los lega, la pérdida se antoja doblemente dolorosa y conlleva el doble empobrecimiento de una región que ya sufre como ninguna el dañino lastre de la incesante exportación de masa gris, de la obligada marcha de sus cuadros jóvenes mejor dotados en busca de perspectivas laborales que no encuentran en su tierra. Y a la que no volverán de persistir situaciones fiscales que suponen una clara afrenta.