A raíz del revuelo causado por las mociones de censura presentadas en tres comunidades autónomas, medio centenar de cargos de Ciudadanos, de los cuales muchos habían sido elegidos para ocupar un puesto en instituciones representativas, ha abandonado el partido. Se unen a los varios cientos que habían tomado la misma decisión con anterioridad, en un goteo constante, desde las elecciones generales de 2015. Además de darse de baja como afiliados, unos cedieron el escaño, otros permanecieron en él desvinculados de cualquier sigla y algunos se incorporaron al PP. Las idas y venidas de los diputados naranjas en los parlamentos autonómicos provocaron la reacción inmediata del equipo de Inés Arrimadas, que solicitó la convocatoria urgente del Pacto Antitransfuguismo para condenar las maniobras realizadas en abierta desobediencia a sus órdenes y tomar medidas contra los díscolos. La apestada figura del tránsfuga reapareció en la política española como si de una maldición se tratara y al instante tuvo el desprecio absoluto de la opinión pública.
En 1998, una docena de partidos, los más votados, habían llegado a un acuerdo para poner freno al trasiego de concejales que concluía con el cambio inesperado de alcalde en un número reducido, pero en aumento, de municipios. El pacto es de carácter estrictamente político y está basado en la confianza mutua entre los partidos. Fue renovado y ampliado en tres ocasiones, la última en una reunión celebrada en noviembre, después de un paréntesis de una década sin aplicarse. Los firmantes, entre los que no se encuentran Vox ni Bildu, se comprometen a romper relaciones políticas con los tránsfugas, aislarlos y modificar las normas que sea preciso para impedir que logren sus objetivos y obtengan algún beneficio con su reprobable conducta. Bajo el amparo del ministerio de Política Territorial, que convoca las reuniones y facilita los recursos necesarios, los partidos han extendido el ámbito del rebautizado Pacto por la Estabilidad Institucional a los parlamentos autonómicos, a las Cortes Generales y a los cargos que no son elegidos de forma directa por los ciudadanos, como los senadores de las comunidades autónomas y los miembros de las diputaciones provinciales.
Los partidos, en resumen, se han conjurado para depurar de tránsfugas la vida política. Para ello, los proscriben en una especie de limbo parlamentario, donde son señalados con la etiqueta de “no adscritos”, lo que implica que ningún grupo hará trato con ellos y su actividad quedará limitada a la mera presencia, siempre que no renuncien al acta, dado que el Tribunal Constitucional les ha otorgado la titularidad del escaño. La cuestión, entonces, es dirimir si un concejal o diputado es tránsfuga. El acuerdo establece que en caso de duda, el partido del que proviene el sospechoso debe aclarar si lo considera así. Cuando surgen discrepancias en la Comisión de Seguimiento del pacto, se recurre a la Comisión de Expertos creada en 2006, que ha sido activada para resolver el caso de los tres diputados de Ciudadanos de Murcia que primero habían firmado la moción de censura con el PSOE y luego negociaron su apoyo al gobierno del PP.
El acuerdo ratificado en la última reunión considera tránsfuga al representante que “ha abandonado el partido que lo presentó en unas elecciones, ha sido expulsado o se aparta del criterio fijado por sus órganos competentes”. Los propios partidos entienden que es una definición poco clara. Según estas acepciones, lo mismo puede ser declarado tránsfuga un corrupto que merece un juicio penal que un mero discrepante. Así, los diputados socialistas que se desmarcaron de la decisión adoptada por la dirección de su partido de abstenerse en la investidura de Rajoy podrían haber incurrido en uno de los supuestos de transfuguismo. Resulta obvio que el asunto es vidrioso. Y que en esta materia no se mide por el mismo rasero al partido y al diputado. Mientras los partidos, cuya democracia interna deja bastante que desear, actúan con total libertad, a los diputados solo les queda obedecer a sus dirigentes si quieren hacer carrera política. Cualquier iniciativa propia enseguida es vista con desconfianza, cuando no como una muestra de deslealtad. Ante cada caso de supuesto transfuguismo, habría que preguntarse si detrás del pacto suscrito está la intención de corregir uno de los vicios seculares de la política o, más bien, se oculta un mecanismo disciplinario y regulador de la competición entre los partidos. No estoy seguro de que, de acuerdo con la definición del pacto, los diputados que han traficado con su escaño en Murcia sean los únicos tránsfugas. A fin de cuentas, si el diputado representa al ciudadano, ¿por qué no es este el encargado de juzgarlo en lugar del partido?
