Si la Administración regional no funciona, échale la culpa al covid. Los consejeros del Principado, como si fueran los “Jackson Five” escudándose en el “boogie”, entonan a coro la letanía pandémica cada vez que los administrados critican los exasperantes retrasos, las indignantes dilaciones que en ocasiones lastran el buen funcionamiento de empresas y negocios o provocan demoras insoportables en asuntos y gestiones, trámites y papeleos de interés particular.
En Asturias, los malos hábitos administrativos y retardos sonrojantes son innumerables. Ejemplos bochornosos los tenemos frescos por recientes, como reconocer que las obras del nuevo instituto de La Florida, en Oviedo, no se adjudicarán hasta los últimos meses del año, lo que retrasará la apertura del centro al menos hasta el curso 2023-24. Ni saliendo cabreados y con pancartas los vecinos a la calle se agiliza una tramitación que se eterniza.
La tardanza afecta también a normativas imprescindibles, como el cobro de los fondos Feder o las ayudas de la PAC. O se dan situaciones tan kafkianas como que comience la temporada de caza en la modalidad de rececho sin haber publicado en el Boletín Oficial la normativa que la regula. ¿Cabe mayor despropósito?
¿Qué decir de las “becas tortuga”, cuyo lacerante retraso compromete la labor de un grupo brillante de jóvenes investigadores, lo más granado de la materia gris asturiana? Cada vez que estas ayudas se demoran se suma un nuevo aplazamiento al avance de la región. Y así, mientras otras comunidades avanzan a velocidad de crucero, la nuestra se estanca en vía muerta o circula en el furgón de cola del “tren burra”.
El Gobierno asturiano comprometió parte del éxito del actual mandato a la ineludible reforma de la Administración regional, pero esa promesa ha quedado en orbayo, en agua de borrajas. Echarle la culpa al covid se antoja una excusa de corto recorrido; porque el virus, que se sepa, no afecta a la movilidad de los papeles ni a los trámites administrativos.
