En su encuentro del martes con la prensa, el presidente del Gobierno proclamó el principio del fin de la pandemia, señaló fechas y objetivos en el calendario de vacunación y reveló que no tenía intención de prorrogar el estado de alarma. Las Comunidades Autónomas, vino a decir, con las leyes ordinarias en vigor disponen de cobertura legal suficiente para adoptar las medidas necesarias. El anuncio causó una sorpresa relativa, ya que en cierto modo era esperado, dada la dificultad del ejecutivo para sacar adelante algunas votaciones en el Congreso. Pero eso no evitó que la inquietud por lo que pueda pasar a partir del 9 de mayo fuera en aumento durante la semana y se sucedieran en cascada todo tipo de reacciones.
El líder del PP ha propuesto un acuerdo para hacer las reformas legislativas oportunas y, junto con varios barones de su partido, ha solicitado la convocatoria urgente de una conferencia de Presidentes. El portavoz del PNV calificó el aviso de precipitado. A la confusión creada por las incidencias en la vacunación se añade ahora la incertidumbre que ha generado el anuncio en todos los ámbitos. La prensa deja traslucir un estado de opinión en el país que ha acogido con escepticismo las confiadas previsiones del gobierno y la posibilidad de gestionar la eventual evolución de la pandemia, que parece haber enviado una nueva ola, sin recurrir a una legislación excepcional.
Pedro Sánchez encontró un buen día en la polisemia de la palabra “gobernanza”, uno de los conceptos más ambiguos del análisis político, la fórmula mágica con que domar al virus. En su discurso, la nueva forma de gobernar iba a traducirse, por un lado, en seguir las indicaciones de los expertos y, por otro, en consensuar las decisiones con los presidentes autonómicos. En las ruedas de prensa ha aludido con especial énfasis a la opinión de los científicos para justificar su actuación y ha resaltado como un logro el número de reuniones de los órganos de cooperación interterritoriales, que en efecto lo es. Por el contrario, el martes se mostró resuelto a dar por terminado el estado de alarma sin hacer ninguna referencia a los expertos ni a las Comunidades Autónomas, por lo que cabe deducir que la decisión no fue compartida con ellos.
Puesto que la vacuna es suministrada por la Unión Europea y el gobierno ha delegado la gestión de la pandemia, es lógico que la decisión, tomada de forma unilateral por quien ha rehusado asumir una mayor responsabilidad, sea cuestionada. Antes de fijar públicamente su posición, el ejecutivo debería haber escuchado a todas las partes concernidas. Las Comunidades Autónomas no son la administración periférica del Estado, sino entidades de autogobierno. Cualquier cosa que sea la gobernanza, implica la cooperación, la colaboración y la comunicación de los principales actores institucionales y sociales, públicos y privados, de manera continuada y excluye por principio la existencia de un poder ejecutivo jerárquico y centralizado que se impone verticalmente a la sociedad.
Someter a examen la gobernanza no resultaría en ningún caso un ejercicio inútil, pues es el modelo de gobierno que tiende a establecerse en las sociedades avanzadas y complejas, y la versión ensayada por Pedro Sánchez es muy sui géneris, pero no es la cuestión conceptual la que más importa ahora. La clave del anuncio del martes la ha dado Ábalos, el ministro de Transportes, al recordar el esfuerzo que debe realizar el gobierno cada vez que sale en busca de apoyo para una de sus iniciativas parlamentarias. Así que, en realidad, el gobierno no se plantea prorrogar el estado de alarma porque teme sufrir un serio traspiés en el Congreso. Todo esto nos aboca a tres conclusiones. Una, el clima político del país es muy poco propicio para la puesta en práctica de una auténtica gobernanza; diría que la actitud de los partidos la hace imposible. Dos, el criterio político, o mejor dicho, partidista, está interfiriendo más de lo debido en la gestión de la pandemia. Y tres, queda demostrado que la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno no tiene la solidez que reclama esta difícil coyuntura. En fin, con las noticias que llegan de Cataluña y el balance previsible de la batalla de Madrid, es probable que el resto de la legislatura tengamos un gobierno en precario. Que, paradojas de la política, podrá protegerse bajo el paraguas de la pandemia.
