Una necesaria ley de Secretos Oficiales

El pasado noviembre se aceptó por las Cortes una iniciativa legislativa del PNV para admitir a trámite una nueva ley de Secretos Oficiales. La vigente era una ley de la etapa franquista (1968) con retoques preconstitucionales de octubre de 1978. Esa ley vigente era una ley antidemocrática que se apartaba de los modelos que imperan en los estados democráticos europeos y de la que estaba vigente en los EE UU. Y constituía, sin duda, un elemento legislativo que distorsionaba el marco legal democrático que la Transición había instaurado en España. Entre otros aspectos negativos no regulaba, como todas las leyes de esa clase imperantes en los países democráticos, los periodos en que los documentos secretos en manos del Estado podían estar bajo secreto y cuándo podían y debían desclasificarse y ponerse a disposición de los ciudadanos españoles.

En el pasado noviembre el PNV presentó una iniciativa de ley para promulgar una nueva ley de Secretos Oficiales para acabar con esa anomalía democrática española. Sin embargo, esa iniciativa legal está siendo bloqueada por el PP, Ciudadanos y… el PSOE que en todo el período democrático no ha hecho nada definitivo para sacar adelante una Ley de Secretos Oficiales digna de un sistema democrático.

A través de una artimaña legislativa esos partidos han bloqueado su promulgación con la presentación hasta el 12 de mayo de continúas prórrogas (lo han hecho en catorce ocasiones) para impedir que esa necesaria ley salga adelante.

No es extraño que dada esa anómala situación un nutrido grupo de destacados historiadores españoles contemporaneístas hayan elevado a las autoridades una protesta formal ante esa anómala situación que impide su labor investigadora de la historia de la España reciente forzando incluso el que tengan que realizar sus trabajos de investigación a través de documentos indirectos procedentes de los archivos de otros estados como Reino Unido o EE UU.

Situación ésta que, entre otros muchos temas polémicos y oscuros, les impide poder reconstruir con fiabilidad algunos de los episodios más importantes de nuestro pasado reciente, como por ejemplo, el 23F o la guerra sucia contra ETA.

Pero no sólo esa nueva ley es necesaria para permitir la labor investigadora de los historiadores. Lo es también para la propia ciudadanía que tiene el derecho de saber cuál fue su pasado reciente y así poder actuar libremente y con conocimiento de causa en la actividad política.

Como también lo es para los ciudadanos particulares que tienen el derecho de conocer aquellos episodios y acontecimientos históricos que les han afectado personal o familiarmente y que con la situación legislativa actual se ven impedidos de conocer las actuaciones y padecimientos de ellos y sus deudos e incluso poder actuar judicialmente en defensa de sus derechos.

Lo mismo que en el reconocimiento de otros muchos derechos individuales que nuestra democracia ha aportado, a pesar de todos los defectos e imperfecciones que presenta en el diseño de su marco constitucional y en su funcionamiento cotidiano, es imperiosamente necesario que se reconozcan los que se derivan de la existencia de una verdadera ley de Secretos Oficiales.

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