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Vicente Montes

El efecto Streisand y el Consejo de Transparencia

El rechazo del candidato a presidir el órgano de Buen Gobierno a que Avilés acoja la sede convierte lo que era una propuesta en una condición

El efecto Streisand y el Consejo de Transparencia

Se conoce como “efecto Streisand” aquel por el cual la acción de una persona aparentemente perjudicada por un hecho de poca trascendencia, al actuar contra él le da una mayor relevancia del que tiene, ocasionando efectos imprevistos. El nombre se acuñó después de que la cantante y actriz Barbra Streisand denunciase a una web para que retirase una fotografía aérea de su vivienda, al borde del mar. Reclamó 50 millones de dólares como compensación, pese a que el autor aseguró que realizaba aquellas fotografías de la primera línea de playa para registrar los efectos de la erosión. La acción de Barbra Streisand hizo que súbitamente aquella imagen se volviese viral y adquiriese una relevancia que no habría tenido en el caso de que la actriz no hubiese hecho nada.

Algo así ha sucedido con el Consejo de Transparencia y la desafortunada comparecencia parlamentaria del candidato a ocupar el puesto de presidente de este órgano, José Manuel Fernández, un funcionario con tablas, que ya ocupó cargos de responsabilidad en anteriores gobiernos y que aspiraba a ese puesto de alto cargo.

Les pondré en antecedentes. El Consejo de Transparencia es un órgano que emana de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una norma aprobada en la pasada legislatura tras más de cuatro años de trámites y con la abstención de Podemos, que consideraba descafeinada la ley. En todo caso, la aplicación de la Ley de Transparencia conllevará seguramente más de un problema, pues detalla al máximo las cuestiones de las que deben dar cuenta el Gobierno y los representantes políticos.

Cuando Ciudadanos dio su apoyo al Presupuesto para este año, el Gobierno del socialista Adrián Barbón comprometió que en el primer trimestre del año propondría el nombre de la persona que lideraría ese nuevo órgano, con la voluntad de lograr el mayor respaldo parlamentario. Se necesitan dos tercios de la cámara, aunque se obtienen solo con la suma de PSOE y PP. El primer candidato fue Bernardo Fernández, que despertó recelos iniciales del PP e hizo torcer el gesto a Ciudadanos. Finalmente, y ante la estampa menguada de consenso, Bernardo Fernández renunció al puesto.

El siguiente nombre fue José Manuel Fernández, funcionario de larga trayectoria, y que el PSOE se esmeró en negociar con PP y Ciudadanos, consciente de que el respaldo de IU lo tenía casi garantizado. Todo iba perfecto, hasta que se cruzó Avilés.

Ciudadanos planteó que la sede estuviese en el tercer concejo de Asturias. El argumento era que otros dos órganos, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo, estaban en Oviedo y Gijón respectivamente. Se trataba de una propuesta que el Gobierno regional acogió sin rechazo pero con cautela. Cuando LA NUEVA ESPAÑA publicó el pasado domingo que los naranjas lanzaban esa petición, no había aquiescencia del Gobierno y al día siguiente la iniciativa fue acogida sin demasiado entusiasmo por los partidos avilesinos.

El candidato a presidir el Consejo de Transparencia llegó a la comisión quizás creyendo que era un hecho consumado, pero ni siquiera Ciudadanos había vinculado su apoyo a que la sede terminase en Avilés. Y hete aquí que se produjo la intervención de José Manuel Fernández que causó perplejidad.

El candidato estaba en su pleno derecho a rechazar ese puesto (al que optaba libremente) si ello afecta a de forma negativa a su vida personal, le impide conciliar o simplemente no le apetece, pero su argumentación motivó el enfado de parte de la Cámara. Primero, al dar a entender que los funcionarios pueden ejercer tal rechazo a un traslado como para bloquear el funcionamiento de la administración. El segundo, plantear que Avilés, a media hora en coche de Oviedo, quedaba invalidada para acoger una entidad administrativa, algo que en estos tiempos de conectividad resulta absolutamente incongruente.

Aunque José Manuel Fernández ha renunciado al cargo, ha desatado el “efecto Streisand” sobre el Consejo de Transparencia. El Gobierno regional tendrá ahora difícil justificar que la entidad, sea quien sea el presidente, no se ubique en Avilés. Hasta los partidos avilesinos que inicialmente veían con indiferencia la propuesta, ya han adoptado el argumento de que Avilés precisamente debe acoger la sede. Indirectamente, la propuesta de Ciudadanos ha acabado por convertirse en condición, precisamente por haber sido rechazada.

Al margen de esa cuestión, lo que sí queda claro es que el Gobierno regional tendrá que emplearse a fondo en esa esperada reforma de la administración autonómica para incidir en la idea de que los funcionarios sirven a las causas que establece el Gobierno (garantizándoles también sus derechos), pero no son piedras inmóviles convertidas en privilegiados anacrónicos.

Precisamente estos días, el alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, se presentó por sorpresa en una oficina municipal y comprobó que ninguno de los trabajadores estaba a la hora que debía. Habría que ver cuál fue la justificación: si la distancia desde casa, si los recados mañaneros, los niños... Razones que nadie en una empresa privada podría esgrimir de manera continuada.

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