Esta podría ser la historia de cómo las elecciones en una comunidad autónoma acaban convertidas en la prueba del ser o no ser de la democracia española. Toda la política nacional está concentrada estos días en Madrid, donde la presidenta regional disolvió el Parlamento año y medio después de ser investida, por temor a ser destituida mediante una moción de censura. El momento exige aplicar paños fríos a la situación provocada por Vox y Podemos. Las amenazas con bala a los miembros del gobierno y al líder izquierdista son verosímiles y revisten la máxima gravedad. Serían igualmente graves, aunque menos, claro está, si se tratara de un montaje o un farol. Conviene aclarar los hechos cuanto antes hasta el último extremo porque, sea lo que haya sido, el mero hecho es en sí incompatible con la democracia y el orden constitucional.
Una vez que trascendió a la opinión pública, el suceso tuvo su continuación en el final abrupto del debate que mantenían los candidatos en los estudios de la SER. La imagen produce una impresión penosa. Pablo Iglesias, que proclamó haber dejado la vicepresidencia del gobierno para detener al fascismo, abandonó la mesa sin siquiera conocer las conclusiones de la investigación en curso para no soportar el trato de Rocío Monasterio, indecoroso en la forma y en el fondo. Me pregunto cómo piensa el líder de Podemos, y los candidatos de izquierdas que secundaron más tarde su decisión, combatir a la ultraderecha si se niegan a debatir con ella y que sean los ciudadanos los que se formen su propio juicio.
Es indudable que ambos incidentes suponen un paso peligroso en la escalada de tensión que vive la política española desde hace una década. Son ya demasiadas las ocasiones en que se rompe el diálogo político por episodios similares. Este choque viene precedido por otros habidos en semanas anteriores y por continuos encontronazos en el parlamento estatal. Hemos sufrido bombas de ETA y del terrorismo islamista y muchos muertos en medio de una campaña electoral, pero no el grado de hostilidad que estamos presenciando entre partidos con millones de votantes y una relevante representación en el Congreso. La estrategia coincidente de Vox y de Podemos es la polarización y en Madrid, dado el escaso protagonismo que estaban teniendo en la campaña y las bajas expectativas electorales de ambos, han optado por acentuarla. Los antidisturbios se han visto obligados a intervenir en sus mítines, mientras sus líderes inflamaban el ambiente con discursos beligerantes, queriendo hacer demostración de su fuerza. No cabe menospreciar las cosas que están pasando. Buscado o no, las palabras que se pronuncian conllevan el riesgo de la violencia y el enfrentamiento.
El proceso electoral madrileño, alterado por completo, seguirá un curso distinto. Lo dicho hasta ahora, las encuestas y los pronósticos, las especulaciones sobre el futuro gobierno autonómico o el impacto del resultado en la dinámica política a escala nacional, han perdido su pertinencia y su valor. La campaña empieza de nuevo, con la sombra de una incógnita mayor sobre la política española. Los partidos llevan un tiempo jugando temerariamente con nuestra democracia. Hay muchas cosas que no están en su sitio. En primer lugar, las relaciones entre el PSOE y el PP. La responsabilidad de los dos partidos en la deriva que nos ha traído a esta situación es enorme, proporcional al apoyo electoral y parlamentario que han recibido de una holgada mayoría de votantes, partidaria sin ambages de una democracia liberal convencional, sin pretensiones desmedidas.
El gobierno español, una coalición de izquierdas, es legítimo, como lo sería un gobierno autonómico del PP con Vox, entretanto sus actos no lo desmientan, como ocurrió con el ejecutivo que declaró la independencia de Cataluña. Pero la actitud de demonizar al PP y empujarlo hacia la derecha es poco creíble y, sin embargo, puede resultar suicida para la democracia española. El desencuentro permanente entre el PSOE y el PP causa malestar y enfado entre los españoles, que no admiten la preeminencia de los intereses partidistas sobre los generales. Vox no es un partido fascista, al menos no todavía, por muy reprobable que sea con frecuencia la actitud de sus dirigentes. En todo caso, la manera más eficaz y perdurable de frenar a la derecha radical consiste en fortalecer la democracia con buena política. Cuanto mejor funcione la democracia, más alejados del populismo querrán estar los ciudadanos. En España hay una clara mayoría de demócratas. Solo hace falta que los partidos dejen de jugar con la democracia y la practiquen con mayor convicción. El diálogo entre ellos es la prueba que estamos esperando. Bien dijo Ángel Gabilondo que lo ocurrido era un punto de inflexión. Ojalá lo sea no solo en la campaña electoral madrileña, sino en la política nacional.
