La apariencia de discriminación resulta clara para el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ha tenido que ordenar a la Sanidad catalana que se vacune a miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional al mismo ritmo y con igual prioridad que a Mossos, Policía Local y Bomberos. Pero en paralelo a esa implacable exigencia la Fiscalía debería abrir ya una investigación para verificar a fondo los hechos, los pretextos ofrecidos por los dirigentes sanitarios, la identificación de los responsables de las decisiones y las posibles consecuencias reales para la salud de los miembros de los colectivos afectados. Si esa investigación confirmara la discriminación, resultaría obvia la procedencia de depurar las responsabilidades penales. Daba miedo pensar que esto pudiera ser verdad, pero ahora lo da asimismo que algo tan siniestro, si se confirma, pueda quedar en simple rectificación.
