El covid pilló a los políticos con el paso cambiado y desprevenidos a los especialistas en Derecho, de ahí la ceremonia de la confusión a lo largo de todo un año en relación con las medidas restrictivas impuestas, algunas tan duras como el confinamiento de la población o la suspensión de la movilidad, con frecuentes idas y venidas a los tribunales. Mientras duró el estado de alarma, esa pérdida temporal de libertades individuales con el aval del Parlamento fue acatada sin rechistar por la ciudadanía pese a su elevado coste personal y colectivo, económico y social, pero a la finalización del plazo de la excepcionalidad retorna el alboroto y el guirigay, por cuanto el Estado se lava las manos y deja al albedrío de cada comunidad autónoma la senda a transitar.
Han pasado apenas unas horas desde la recuperación de las libertades, sometidas a la urgencia de abordar con éxito la grave crisis sanitaria, y el caos jurídico se ha instalado en los reinos de Taifas, donde los tribunales superiores de justicia aplican distintos criterios a asuntos de idéntica tesitura. Así, en Baleares la Justicia avala el toque de queda mientras en Canarias los magistrados resuelven de modo contrario. Hay regiones timoratas donde las autoridades apuestan aún por la correa y el bozal; y otras donde se ha implantado un casi absoluto liberalismo.
De nuevo la dejadez del Gobierno es responsable del desbarajuste, del batiburrillo de medidas a bote pronto que, cuando agradan a los tirios, enojan a los troyanos. Y en lugar de gobernar, le cargan el muerto al Tribunal Supremo, para que unifique los criterios: el Judicial haciendo de Ejecutivo por inacción del Legislativo. Han tenido quince meses para plantear un cambio de ley que permita el uso de instrumentos jurídicos comunes para atajar lo que iba a venir, y prefirieron insultarse y sacudirse estopa. Y así nos va.
