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Jesús Arango

Las comarcas en Asturias

Una figura de organización territorial sin desarrollar

Las comarcas en Asturias

En el artículo 6 de nuestro Estatuto de Autonomía se señala que Asturias se organiza territorialmente en concejos y comarcas, reconociendo a la parroquia como la forma de asentamiento tradicional de la población asturiana. Pronto se cumplirán cuarenta años desde la entrada en vigor de nuestro Estatuto y de la delimitación de las comarcas nada se sabe, más allá de alguna tentativa como instrumento de planificación de políticas sectoriales. Casi al final de la primera legislatura autonómica (1983-1987), el gobierno presidido por Pedro de Silva encargó a SADEI una propuesta de comarcalización basada en criterios técnicos, pero hasta el momento no se ha producido ninguna decisión política al respecto.

Hace más de un siglo, en una visita que hizo a nuestra región, José Ortega y Gasset hacia la siguiente reflexión: “¿Qué significa la palabra Asturias?… encuentro en el valor plural que ese vocablo tiene una certera sugestión para el viajero. Hay muchas Asturias, no sólo las de Oviedo y las de Santillana. Hay muchísimas más: sería muy trabajoso contarlas”. Frente a esa diversidad percibida por Ortega, en Asturias existe una cierta tendencia a presentar la realidad regional desde la perspectiva sectorial, ignorando casi siempre las disparidades territoriales, y como mucho se desciende al nivel de una zona central y dos alas rurales. Sin embargo, poco o nada tiene que ver la problemática de las rasas costeras del occidente astur, donde se concentra un gran número de las mejores explotaciones lecheras de la región y donde se localiza un pujante distrito industrial, con empresas posicionadas en los mercados mundiales (Reny Picot, Astilleros Armón, Ence-Navia y Astilleros Goldán), con la situación por la que atraviesan concejos relativamente cercanos como Allande, Grandas de Salime, Pesoz, Illano o Boal, en los que la dependencia de un sector agrario declinante, la pérdida de población y el envejecimiento son sus principales rasgos definitorios. Todos ellos son concejos de nuestro Occidente, pero atraviesan situaciones económicas muy diferentes.

Por otra parte, con demasiada frecuencia se ignora que la anchura de Asturias a lo largo de sus 209 kilómetros de longitud se va haciendo cada vez mayor de Este a Oeste, de forma que se pasa de un mínimo de 26 kilómetros de distancia entre la mar y los limites regionales interiores en la zona de las Peñamelleras y Ribadedeva, y un máximo de 154 kilómetros entre Ibias y Navia. El resultado es una zona occidental que se extiende por 5.202 kilómetros cuadrados, que prácticamente significa la mitad de la superficie regional, frente a los 2.338 kilómetros cuadrados que se le asignan a la zona oriental, que representa poco más de un quinto de la superficie asturiana. Y dentro de ambas zonas –y también en la propia área central, que concentra el 85 por ciento del Producto Interior Bruto regional– conviven realidades comarcales muy distintas que precisan de respuestas políticas diferenciadas.

En estos momentos en los que el gobierno regional está estudiando una reforma de la administración pública asturiana, sería muy oportuno plantearse a la vez el incorporar la cuestión de su despliegue en el territorio a nivel comarcal, factor fundamental para acercar la administración a los ciudadanos y para poder afrontar procesos de desarrollo participativos con la cooperación de concejos y agentes sociales de cada comarca. Además, se podría aprovechar esta descentralización de la administración pública regional para rediseñar los ámbitos de los servicios municipales, permaneciendo la representación política local lo más cercana posible a los ciudadanos. En definitiva, se trataría de delimitar la división comarcal prevista en el Estatuto y de poner en marcha una política regional que tenga en cuenta las particularidades geográficas, económicas, culturales y sociales que conviven dentro de Asturias.

Asimismo, dada esa diversidad que presenta nuestra región, la política asturiana debería incorporar, si realmente se quiere tener en cuenta la problemática de los distintos territorios, lo que se ha venido en llamar en la Unión Europea la “verificación rural”. Se trata de que en el momento de poner en marcha las distintas medidas y acciones políticas se debería evaluar su impacto sobre el medio rural. Con la base de datos parroquiales que mantiene actualizada SADEI se podrían llevar a cabo micropolíticas de discriminación positiva que tengan en cuenta el nivel de los handicaps naturales y demográficos de cada territorio: altura, pendiente y densidad de población. De esta forma, las 6.955 entidades singulares de población que existen en Asturias –de las que el 83 por ciento son menores de 50 habitantes– agrupadas en 857 parroquias, podrán ser diferenciadas según sus niveles y tipos de handicaps.

Subrayada la gran diversidad que caracteriza a Asturias, las políticas de las instituciones regionales deberían tenerlo muy presente, sobre todo en estos momentos en los que es urgente dar el gran salto hacia la transformación digital y la sostenibilidad medioambiental. En este sentido, habría que desarrollar una especialización territorial inteligente, que aprovechando el gran potencial de crecimiento que brinda la economía digital mediante el Internet de las Cosas (IoT), la impresión 3D, la Inteligencia Artificial (IA), los Macrodatos (Big Data), la Cadena de Bloques (Blockchain), las redes 5G o la Computación Cuántica, nos permita romper la tendencia declinante de las últimas décadas y transitar hacia la Asturias de las eco-comarcas y las aldeas inteligentes, en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo y las estrategias comunitarias de la Economía Circular y de la Granja a la Mesa. Es indudable que una especialización territorial inteligente es un objetivo complejo y de largo recorrido, pero imprescindible si se quiere prevenir el desastre económico y social que se avecina si no hacemos un cambio rápido hacia la economía digital.

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