Sánchez ha empezado su operación bikini y prepara los indultos para los presos del procés, que llevan tres años y medio a la sombra –a la penumbra, porque hay bastante sol en su régimen penitenciario– y fueron condenados entre tres y cuatro veces más por sedición y malversación. Lo malversado lo han devuelto, según la Abogacía del Estado. Lo sublevado sigue pendiente.
Se espera la noticia del indulto para el verano, la estación de las lecturas ligeras, que no es lo mismo recibirla al borde de la piscina que en medio de un atasco o en un transporte público atestado. Sánchez quiere entrar en el bikini de las relaciones con el independentismo catalán, que no deja nada a la imaginación, y llegar a septiembre con la asignatura del diálogo, diálogo, diálogo aprobada. Así reiniciaría algo provechoso en Barcelona, lo que es muy interesante, pero no se ve en qué puede ser diferente de lo anterior cuando el objetivo es una república independiente contra el criterio de la mitad de sus vecinos.
No hay estamento judicial implicado en el asunto que sea partidario del indulto porque ninguno de los condenados ha mostrado arrepentimiento de sus acciones, delitos que cometieron a sabiendas y porque se han comprometido a convertirse en malhechores al hacer del delito un hábito. “Ho tornarem a fer” (“Lo volveremos a hacer”).
El indulto es una medida de gracia que el Gobierno puede promover. Sin apoyo judicial, la gracia sería exclusivamente política, lo que da una simetría a los que han sostenido siempre que la causa era política y sus presos eran políticos. No es así. Los independentistas exigen una amnistía (la desaparición del delito cometido) y el gobierno parece dispuesto a ofrecerles el perdón y la “armonización” con Europa del delito de sedición que reduciría las penas. ¿Unas medallas al mérito civil compensarían la diferencia?
Nadie dice qué tendría de nuevo la relación del Gobierno socialista con los independentistas, más allá de obtener su apoyo en Madrid y más acá de la “inevitable autodeterminación”.
