La actual situación de la administración, en un claro punto de inflexión en cuanto al soporte que permite su comunicación con el ciudadano, es decir en el paso a la administración electrónica, está resultando nuevamente ineficiente en su respuesta. Y nuevamente debemos preguntarnos donde está el fallo. La administración está formada en última instancia por los trabajadores que desarrollan su actividad, fundamentalmente definida como servicio al ciudadano, bajo el marco del sistema jurídico que nos proporciona a todos el estado de derecho. Esto no se puede transformar en un sistema a criterio del funcionario de turno que muestre reticencias para cambiar lo que lleva haciendo de forma repetitiva durante años, sin ningún ánimo de mejora. El emprendimiento requiere de iniciativa, ilusión y determinación, pero para desarrollar empresas y negocios, no para estar peleando contra quien aprovecha su estatus para incumplir una ley, ya de por si imperfecta, que empeora aún más por su aversión al cambio y por su inacción.
Inspecciones fiscales agresivas que sancionan al ciudadano, cuando el fallo informático ha sido de la administración, no aceptación de firmas digitales, retrasos injustificados en las tramitaciones por falta de capacidad en el manejo del software informático correspondiente, dobles interpretaciones en la aplicación de procedimientos administrativos en soporte digital, falta de capacidad de subsanación de los fallos técnicos y muchas más, son un largo etcétera de versiones actualizadas y “digitales” del conocido “vuelva usted mañana”. Y los anteriores ejemplos no son generalidades, detrás de cada uno de los descritos anteriormente he presenciado o vivido, al menos, un caso concreto y real en los últimos meses. Es decir, con la pandemia “asolando” la economía y a los emprendedores de este país.
La tan ansiada reducción de la brecha digital en el mundo rural, que todo el mundo apoya, nos evoca una actualización y puesta a punto en términos de modernidad, pero se queda o se quedará simplemente en una mera actualización técnica, si el capital humano que la sustenta sigue con un par de siglos de retraso. Y esto única o mayoritariamente beneficiará a la empresa de ingeniería a la que se le adjudique el contrato correspondiente de ejecución (y probablemente de mantenimiento), dando pie así a que los más interesados en una gran inversión pública sigan siendo la patronal y la gran empresa privada, aunque esto pueda parecer paradójico si se analiza en términos tanto de quien defiende poca intervención pública, como de quien defiende un estado fuerte e intervencionista. Es curioso que esta vía intermedia, más “actual”, ampliamente desarrollada en los últimos años, parezca también más propia de hace dos (o más) siglos, si se analiza su esencia.
Tengo la impresión de que los actuales planes de recuperación, y la cuantiosa aportación europea que se supone que vamos a recibir de la Unión Europea, nuevamente van a ser lastrados por cuestiones como las anteriormente comentadas, entre otras, y que los actuales planes de muchas administraciones están siendo mayoritariamente diseñados como continuaciones de la trayectoria anterior, sin descartar lo pernicioso y sin aprovechar lo útil y rentable en términos sociales. Y digo esto porque seguimos oyendo continuamente que los mayores logros son los incrementos en las cuantías de fondos gestionados, ya sea en términos absolutos o relativos, y no el resultado de las acciones que financian.
Permítanme que desconfíe de la voluntad de cambio de quien presenta nuevas estrategias, que se suponen con dicha voluntad de cambio y de superación de errores, en las que lo único que cambia son los nombres y el vocabulario, pero inmediatamente después se establece la equivalencia de la nueva nomenclatura con la del periodo anterior, que curiosamente encaja perfectamente. Donde las intenciones políticas, legítimas y válidas en su contexto, trascienden al mismo (tra) vistiéndose de informe técnico por el simple hecho de incorporar en su inicio un diagnóstico con datos descriptivos del territorio, seguido de un simple y subjetivo análisis DAFO y/o CAME, para concluir con un cuadro financiero fruto de la habitual discusión o negociación política, alejada habitualmente de las necesidades económicas y sociales reales.
La necesidad de cambio, a mi entender, es absolutamente necesaria por dos causas fundamentales y de sentido común. Por un lado la falta de eficacia en los resultados, sobre todo en las políticas que intentan frenar la despoblación y generar actividad económica territorialmente equilibrada, y por otro lado, especialmente, por la crisis desbordante en la que estamos inmersos por la pandemia, que aunque algunos no quieran verlo, ha puesto en entredicho muchas de las estructuras en las que se basa el actual sistema “urbano-industrial” y nos debería hacer repensar, mirando a la vez al pasado y al futuro, muchas de las estrategias y políticas impulsadas en los últimos años, así como el estilo de vida y de sociedad que han fomentado.
