Tenemos al Banco Central Europeo imprimiendo papel sin fin siguiendo el mito irreal del “cuerno de la abundancia”, pero, ¿hasta cuándo? Porque incluso las máquinas pueden romperse por agotamiento. Y cuando baje este “exceso de liquidez” (como se llama pudorosamente al océano de deuda) sobrevivirán las naciones donde se haya invertido en educación y en capital industrial, y donde se respeten las leyes y la propiedad privada. Y España no hace méritos para estar en ese grupo. Nuestro país paga unos 30.000 millones en intereses de deuda con un redito que está ahora por los suelos. Ante un verosímil incremento de subida de tipos aplicado a una deuda pública récord de 1,4 billones (el doble que hace nueve años) el monto a pagar se multiplicaría por dos o por tres.
Nos encontramos en la obligación de no demonizar la deuda, pues sin control los efectos de los excesos de gasto son devastadores recortes del futuro. Según Fedea, el desempleo efectivo está en el 20,4% y sube hasta el 41% en la capa juvenil (el doble que en Portugal y 14 puntos más que Marruecos) fruto de los graves desajustes estructurales del país. Unas administraciones mastodónticas, con una plantilla política de medio millón de personas y 36.000 coches oficiales. Una estructura laboral donde 16 millones de trabajadores del sector privado, frente a 16 millones de salarios del erario público. Con los índices de natalidad, competitividad y actividad productiva más baja de la OCDE. Con pérdida de cuatro puestos en el ranking mundial de turismo, incluso por detrás de India. Con un sector industrial en mínimos. Y donde más de dos millones de personas malviven en condiciones de “privación severa”.
Ante esta dantesca situación solo cabe tomar medidas urgentes para evitar, in extremis, ahogarse en el océano de deuda. Empezando por combatir el tsunami de gasto en las CC AA: gasto anual de 204.000 millones de euros, lo que representa un gasto por cada uno de los 47 millones de habitantes de 4.350 euros. Pero este gasto no es idéntico en todas las Comunidades. Las comunidades más caras son: Navarra (6.600 €/habitante), Extremadura (5.400), País Vasco (5.100), Cataluña (4.800). Asturias, concretamente, tiene un coste de 4.423€/hab. Mientras las más baratas son: Canarias (4.100), Murcia (3.900) y Madrid (3.400 /hab). Madrid es la única comunidad autónoma cuyos presupuestos suponen un gasto inferior al 10% del PIB.
Si somos capaces de uniformar el gasto de las Comunidades por el factor más eficiente, es decir, el de Madrid, ahorraríamos a nivel nacional 44.000 millones de euros. Este ahorro permitiría armonizar – a la baja– los impuestos para igualarse a Madrid. Además, se podría crear más de un millón de empleos sólo por este concepto, considerando que el coste medio de un puesto de trabajo es de 41.000 €/año (incluidos impuestos y generales). Si hacemos el mismo ejercicio de eficiencia en el gasto en los ayuntamientos, tendríamos un ahorro extra de 10.000 millones. Además, si se aplica un buen tajo a los 30.000 millones en subvenciones, que la AIReF dice se gastan mayormente “sin estrategia ni control”, y se economiza en industria política, televisiones públicas, y en eficacia de gestión en la administración central, se alcanzaría una reserva por todos los conceptos de 100.000 millones en el Estado. Este dinero puesto a disposición de la creación de puestos de trabajo, a bajar impuestos, a promover la innovación y a mejorar la competitividad real de las empresas, se crearía más de dos millones de empleo sostenible.
Evidentemente hablamos de puestos en el sector productivo, pues no tiene sentido engordar más una administración pública que si la llevamos a tecnología del siglo XXI sobraría la mitad de la plantilla. El ahorro permitiría aportar anualmente a la Seguridad Social 27.000 millones para el fondo de pensiones, 25.000 millones al SEPE y 17.000 millones a la Agencia Tributaria. Como hay 5 millones de personas entre ERTES y paro, con estas medidas se ocuparía al 45% de ese capital humano en un año. Si repetimos la operación, considerando la realimentación de la actividad productiva, en tres años se rondaría el pleno empleo.
