Las declaraciones de Pedro Sánchez, hechas como anticipo del criterio con que el Gobierno resolverá la solicitud de indulto para los líderes independentistas presos, han sido inoportunas y desacertadas, y han desatado un efecto volcánico en la política nacional. Por una razón elemental de respeto institucional, debería haber esperado a conocer el informe del Tribunal Supremo que en su día dictó la sentencia del caso antes de anunciar su posición. Optó por adelantarse, con la probable intención de amortiguar el impacto que seguramente iba a tener el pronunciamiento de la Sala Penal del órgano judicial superior en la opinión pública. La política española se sustancia cada vez más en una carrera por ver quién es el primero que llega al elector. El presidente del Gobierno cometió, además, el doble error de reprochar afán de revancha y venganza a quienes se oponen al perdón y de invocar la concordia para justificar la concesión de la gracia. Esas palabras habrán dolido especialmente a muchos españoles, que si algo han demostrado en el casi medio siglo de democracia es una generosidad sin límites con tal de propiciar una convivencia política pacífica y estable.
La reacción de la sociedad española no se hizo esperar y está motivada tanto por el previsible indulto como por la inmerecida amonestación del presidente del Gobierno, cuya actuación política es cada día más sospechosa para una mayoría de españoles. En relación con el eterno problema de los nacionalismos periféricos y la organización territorial del poder, la implicación del resto de España en la cuestión catalana, en réplica al independentismo, es la novedad más relevante de la presente situación política. En adelante, el gobierno de turno ya no podrá dar por supuesto el asentimiento general a sus acuerdos con las comunidades autónomas gobernadas por partidos nacionalistas. La trascendencia de este indulto estriba precisamente en que será recibido con un desdén simulado en las filas independentistas catalanas, pero va a ahondar gravemente la división entre los españoles. El gobierno tiende la mano a los líderes secesionistas, que la toman con desprecio y actitud reincidente, mientras ignora el incendio provocado con su gesto. Los cálculos políticos de Pedro Sánchez, desde luego, no están orientados por la prudencia.
Dejándose llevar por las prisas, tampoco los partidos de la oposición ejercen un liderazgo a la altura de las circunstancias. Cuando conocemos la inclinación del gobierno, pero no las condiciones que pondrá a los indultados, el apoyo a la manifestación del 13 de junio, las mociones en los ayuntamientos y la recogida de firmas son respuestas precipitadas, que delatan la intención de remover el panorama político, ya bastante revuelto, en vez de abordar en serio el asunto. La petición de Vox de celebrar elecciones en Andalucía va por el mismo camino y es una muestra más de la irresponsabilidad a la que nos han malacostumbrado nuestros políticos.
La cuestión es si por alguna razón debe perdonarse el cumplimiento de la parte que queda por cumplir de la pena impuesta por el estado español, constitucional, de derecho y democrático, a los dirigentes del movimiento independentista catalán. Mi opinión es que el gobierno debería tomar en consideración el indulto solo en el caso de que los condenados expresen su voluntad de acatar el orden constitucional que han quebrantado. Y no se da ese supuesto, sino el contrario. El independentismo es una opción legítima, a la que nuestro sistema político ha proporcionado un espacio muy amplio para desplegarse con entera libertad, y los españoles hemos de encontrar una solución al problema catalán mediante el diálogo y la negociación, pero un estado democrático no puede aceptar en ningún caso la vía unilateral, ni premiar la deslealtad de quienes se resisten a descartarla. La integridad del estado español sufrió los ataques del terrorismo, nuestra democracia fue asaltada por golpistas y recientemente está siendo hostigada por grupos antisistema e independentistas. Nuestras instituciones políticas acusan una profunda erosión. La democracia liberal necesita para sobrevivir de un estado fuerte que la proteja. El estado no debe abusar, pero si hace cesiones gratuitas a sus oponentes puede venirse abajo. Nuestra ley fundamental establece que los españoles estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, seamos catalanes o asturianos.
