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El nuevo régimen público de Sareb: el fin de la distorsión del mercado

Ya desde su constitución, y respecto del régimen jurídico, reparto del capital social y forma de constitución de la Sareb han corrido ríos de tinta. La propia inclusión de socios privados con capital superior al 50% con el fin de huir del derecho administrativo, y no estar sujeta a las estrictas normas de transparencia y fiscalización a la que sí están sujetas el resto de entidades mercantiles que integran el sector público, fue ya, desde el origen, extraordinariamente controvertido, y objeto de infinidad de críticas desde todas las instancias.

El aval del Estado a sus operaciones financieras, la delirante previsión de beneficios y, desde fechas recientes, sus operaciones inmobiliarias apartándose de forma escandalosa del objeto y fines para los que se creó, han hecho que desde las instituciones europeas se haya dicho: ¡Hasta aquí llegamos!

Así, el pasado mes de febrero, la Comisión Europea, a través de Eurostat, dictó una resolución extraordinariamente relevante, con la que se confirma lo que muchos defendimos desde el primer momento: que esta argucia de incorporar un 51% de capital privado no podía significar que actuara como una entidad privada más, ignorando la ingente cantidad de dinero publico que le fue aportado, por el que debe responder con total transparencia, sujetándose a las normas de contratación pública y de patrimonio público, y sin poder operar en el mercado como una empresa privada más.

Es inaceptable que una entidad creada de esta forma, con el dinero de todos, con los millones de metros cuadrado de suelo del que dispone, no los destine al fin para que el fue creada: la liquidación de los activos inmobiliarios que le fueron traspasados, pudiendo y debiendo cumplir fines sociales, como destinar ese suelo a la construcción de viviendas protegidas o destinar las ya ejecutadas a materializar las políticas de alquiler protegido.

Y en apoyo de esta tesis, la Unión Europea obliga al Gobierno a reclasificar a Sareb dentro del parámetro de las cuentas del sector público, y a considerar los 35.000 millones de euros de pérdidas que mantiene Sareb como deuda pública. El Gobierno está buscando ya la fórmula para hacerse con el capital privado y convertirla así en 100% pública. Confirmada por tanto su naturaleza pública, ya no hay excusas para eludir la aplicación de las normas de contratación pública y de patrimonio del Estado, a las que está sujeta, debiendo respetar la pública concurrencia y la transparencia en las enajenaciones, lo que impide que aporte sus activos a sociedades para promoverlos, sin publicidad ni posibilidad de concurrencia alguna.

Pero lejos de esto, vemos que cada vez más actúa como un promotor más, pero con grandes privilegios. En vez de liquidar (vender) los suelos de los que dispone para devolver los fondos públicos que le fueron prestados, ha aportado estos suelos a entidades creadas ad hoc (vehículos) por precios inferiores incluso a algunas ofertas que habían recibido, alegando un supuesto beneficio futuro, no sabemos muy bien si para Sareb o para sus socios en el vehículo, e incierto en todo caso. Y como digo, no aporta suelos que no puede vender, sino todo lo contrario; promueve los suelos con más demanda, y por los que podría obtener un beneficio con los que devolver los fondos públicos que le fueron aportados. Esto está causando graves distorsiones en el mercado y graves perjuicios a empresas locales, que tienen que competir en clara situación de inferioridad.

Esta es la oportunidad para que Sareb vuelva a dedicarse a aquello para lo que fue creada: liquidar los activos que le fueron traspasados, y no para asumir riesgos de promotor que no se incluyen en su objeto social, y que además no tiene encaje con las obligaciones que se imponen a una entidad pública.

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