Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Opinión

El lobo y el fuego amigo

Ejemplar de Lobo Ibérico.

Ejemplar de Lobo Ibérico. WWF

Nunca una guerra (la mal llamada “guerra del lobo”) tuvo como objetivo, por parte de todos sus contendientes, destruir a los únicos que no participan en ella de forma activa o interesada, me refiero al colectivo de agentes del Medio Natural.

Durante estos últimos días y semanas se han ido sucediendo noticias, artículos y opiniones de todo tipo, pero no nos engañemos nada es casual, salta a la vista que tanto unos como otros tratan de socavar la imagen del contrario utilizando cualquier medio a su alcance, ya que la situación de la gestión del lobo tanto a nivel nacional como regional lo requiere.

En el medio siempre han estado los agentes del Medio Natural y la inspección de los daños producidos por el lobo y nunca se ha hecho esfuerzo alguno para entender en qué condiciones y la labor desarrollada por este colectivo profesional.

Pero vayamos por partes, en estos momentos tenemos cuatro actores que presionan la actividad de inspección de los daños de lobo, los ganaderos, las asociaciones conservacionistas, las investigaciones en curso y la propia administración asturiana.

Desde algunos sectores ganaderos siempre se ha puesto en duda nuestro compromiso en el cumplimiento y ejecución del Plan de Gestión del Lobo en Asturias, poniendo en duda sistemáticamente la capacidad y esfuerzo de los agentes que participan en los controles o seguimientos, además en las labores de inspección todo va bien cuando el ganadero entiende satisfechas sus peticiones económicas, pero cuando no es así la responsabilidad recae sobre el agente inspector y no sobre el sistema establecido a tal fin desde hace ya demasiados años.

Tanto ganaderos como agricultores y resto de colectivos afectados por fauna silvestre deberían ser conscientes de que los agentes del Medio Natural son el puntal donde se ha sustentado el sistema de cobro de indemnizaciones por daños de fauna silvestre desde hace más de 30 años en el Principado de Asturias, algo se habrá hecho bien para mantenerse en el tiempo con muy pocas variaciones.

Las asociaciones conservacionistas presionan y fiscalizan nuestra labor de forma permanente en todos los ámbitos de nuestras competencias, generando en muchos casos dudas sobre la legalidad o no del trabajo desarrollado, que por otra parte, siempre se realiza en base a la coordinación y directrices marcadas por los servicios técnicos correspondientes.

Otro factor de presión a la hora de las inspecciones de los daños son las acusaciones en vía judicial. Mencionar las del SEPRONA en Vegadeo o del UCOMA (hace 5 años) a un total de 12 agentes en toda Asturias. Respecto al caso de Vegadeo recordar que los indicios que condicionan más la aprobación de un daño de lobo por parte de los Agentes inspectores, son los que están en el lugar de los hechos y no otros como el control de movilidad y venta o manejo de ganado.

En este caso y por las noticias publicadas, no se pone en duda la muerte causada por lobo pero se sigue imputando a los agentes por realizar su trabajo con el procedimiento habitual. Se abren titulares de prensa cuando se imputa a funcionarios como en este caso, pero ni se menciona cuando se archiva todo el procedimiento del UCOMA a 12 Agentes en Asturias por supuesto fraude en la inspección de daños, quedando en nada todo lo dicho pero la imagen y crédito perdido ya nunca se recuperara.

El último factor es la propia Administración, siendo conscientes que lo difícil es gestionar y lo fácil es no hacer nada, se ha optado por la gestión con unas herramientas entendemos hoy en día agotadas, no entraré a cuál es el mejor sistema para la tramitación y garantías para todas las partes en los daños causados por especies silvestres, pero si en la carencia absoluta de protección jurídica en el desarrollo de la inspección de los daños. Actualmente la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial no aporta sus Servicios Jurídicos a la defensa de sus trabajadores en la materia que nos ocupa, con el argumento de que si son culpables tendrían que ir de acusación contra el propio funcionario, es decir, el propio Agente tiene que costearse su defensa, siendo esto inasumible por el colectivo.

Hay que añadir que estando imputados tampoco se les rebaja de las funciones de inspección ya que argumentan, no hay medidas cautelares. Una vez terminado el proceso judicial y como en el caso de los 12 Agentes del año 2016 que fueron absueltos de todos los cargos, se tiene que reclamar la cantidad empleada a nivel particular en su defensa y en su caso pleitear contra la propia Consejería para recuperarlo.

Los agentes del Medio Natural somos una garantía del cumplimiento de nuestra normativa medioambiental, pero parece que el “fuego amigo” de los ganaderos que no se fían, de las investigaciones que se abren y de la propia Administración que no nos defiende, nos conducen a un cambio “si o si” en los procedimientos para la inspección e indemnización de los daños producidos por especies silvestres en Asturias.

 

 

Compartir el artículo

stats