La indignación por la violencia machista vuelve a la calle y es hecho digno y saludable que la ciudadanía responda en el espacio público y con grito unánime y al unísono a una de las lacras de nuestro tiempo, que lamentablemente no solo no cesa, sino que llega a alcanzar niveles de crueldad inimaginables. El caso de las dos niñas de Tenerife secuestradas y asesinadas por su padre de una manera infame y sádicamente calculada para infligir el mayor dolor a una madre a la que el parricida ha asestado una puñalada vil e inmisericorde donde más dolor podría ocasionarle es el paradigma reciente de esta lacra que se hace insoportable y que se ha recrudecido tras la relajación de las restricciones más duras que impuso la lucha contra la pandemia.
La cadena de crímenes por violencia de género registrada a partir de mayo pone de manifiesto que si durante los meses de restricciones se produjo una merma importante de este tipo de ataques sangrientos solo fue un espejismo, la forzada tregua debida a la posibilidad de control que los maltratadores tuvieron sobre sus víctimas y que de repente perdieron. Qué no sufrirían tantas mujeres, cuántas vejaciones seguramente hubieron de soportar ellas y sus hijos durante el confinamiento, encerrados en la jaula de la fiera, conviviendo entre cuatro paredes con el terrible verdugo.
El último caso de violencia vicaria golpea las conciencias por ser el más reciente y puede que incluso el más terrible, adjetivo que incluso le viene corto al celópata, pero debe convertirse en árbol que ayude a ver el bosque. Desde 2013, cuarenta niños han fallecido por este tipo de violencia en España. La mayoría de ellos fue víctima invisible de un pater familias al modo del derecho romano, un individuo con potestad sobre su descendencia hasta el punto de decidir sobre la vida o la muerte de su prole (vitae necisque potestas). Empleémonos todos en demostrar de una vez por todas que habitamos un Estado de derecho e igualdad, no en la antigüedad clásica de la Ley de las XII Tablas.
