La sesión de control del miércoles en el Congreso provocó el primer cara a cara público del gobierno con los independentistas después de los indultos. El portavoz de ERC preguntó al jefe del ejecutivo por sus planes y Pedro Sánchez respondió a Rufián invitándole a explicar los suyos. Ninguno de los dos facilitó detalle alguno de lo que piensan hacer a partir de ahora. Los españoles, a los que se les ha pedido que sean benévolos y perdonen graves delitos, desconocen la agenda y los objetivos de la relación que mantienen el gobierno y los republicanos catalanes. La presencia en cualquier país de un movimiento secesionista fuerte plantea un gran desafío que conviene abordar con prudencia y discreción, pero en nuestro caso los indicios no suscitan más que dudas en torno a la apertura de un verdadero proceso de negociación.
La aparente calma política que se respira en Cataluña no debe confundirse con el hallazgo de una solución al problema de fondo. La aplicación del artículo 155 y la actuación de la Justicia frenaron el ímpetu independentista, y las violentas manifestaciones de octubre de 2019 en Barcelona cerraron un ciclo muy intenso de movilización reivindicativa. La agitación en la calle tiene un carácter fugaz y suele durar poco tiempo. Luego la cuestión catalana ha sido relegada por la pandemia. Pero el asunto vuelve a estar sobre la mesa. De manera que la distensión de los últimos meses no es mérito del gobierno, aunque su amistad con ERC haya contribuido a ella, sino el efecto de una combinación de circunstancias.
En todo caso, se supone que el diálogo de los dos gobiernos y los partidos que los dirigen acabará en un pacto al que puedan adherirse el mayor número de fuerzas políticas y ciudadanos, catalanes y españoles. Solo así podría considerarse lograda una solución estable al enfrentamiento actual. Sin embargo, la disposición de los interlocutores no inspira mucha confianza. El gobierno español camufla sus intenciones y solo practica el diálogo con los soberanistas. El gobierno catalán no pierde ocasión para reclamar la amnistía y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y ya ha advertido que todo podría terminar en el desacuerdo que hay en el punto de partida. Pedro Sánchez proclama que las propuestas independentistas serán escuchadas siempre que quepan en el pacto constitucional y la legalidad democrática, pero ya no está claro lo que significan estas expresiones para el gobierno. El único límite que reconoce Pere Aragonés, por el contrario, es la voluntad de la ciudadanía de Cataluña expresada en las pasadas elecciones autonómicas por el 52% de los votantes que apoyaron a los partidos independentistas. Ambos gobiernos manifiestan su propósito de que el diálogo culmine con la convocatoria de un referéndum, pero es difícil saber si hablan de la misma cosa. El gobierno de la Generalitat es muy explícito en su apoyo en esa votación a la causa de la república catalana, pero el gobierno español evita hacer mayores precisiones al respecto.
Lo cierto es que el trato preferente del PSOE con los partidos independentistas había comenzado antes de que Pedro Sánchez, en el debate de la moción de censura a Rajoy, señalara la cuestión catalana entre sus principales retos. Tras la excarcelación de los presos, el gobierno está a la espera de gestos que indiquen que los independentistas están decididos a entrar en el diálogo con todas las consecuencias. Pero estos, por el momento, aumentan la presión acumulando demandas y el gobierno se muestra proclive a hacer más concesiones. Las manifestaciones de Ábalos sobre el Tribunal de Cuentas anuncian nuevos pasos y crecen las especulaciones sobre la situación legal de los independentistas que huyeron de la justicia española y los cientos de procedimientos abiertos por los disturbios habidos. Pedro Sánchez tacha de inmovilismo a los partidos de la derecha, pero los que siguen en sus trece a pesar del fracaso de la vía unilateral son los partidos independentistas.
La situación política de España resulta cada día más excéntrica. El gobierno abre los brazos y dispensa una actitud condescendiente y toda clase de favores a partidos que persiguen la separación de Cataluña, mientras pide sacrificios e ignora para todo lo demás a aquellos que muestran su conformidad e incluso defienden activamente el orden y los valores constitucionales. Es un caso único en el mundo. La cuestión catalana marca hoy la línea divisoria principal de la política española. La división se va haciendo más profunda. Hay dos “Españas políticas” sin apenas comunicación entre sí. Y un partido, el PSOE, que no acierta a estar en su sitio.
