La distribución de los recursos públicos parte de una ecuación irresoluble: todas las comunidades quieren ampliar su trozo de la tarta. De donde hay poco no se puede sacar sin que unas pierdan para que otras ganen o sin que el Estado ceda nuevos tributos, viendo reducidas así las partidas para cumplir con su papel redistribuidor de riqueza, lo que también deja perdedores entre los territorios. España necesita articular un modelo de financiación estable y justo, sin la complejidad ni los recovecos del actual. Resuenan tambores para cambiarlo en un contexto delicado, con las heridas de la Gran Recesión aún supurando, las de la Gran Reclusión en carne viva, el déficit y la deuda en niveles sin precedentes y la intención de desinflamar al independentismo con millones. No es momento de mirar para otra parte.
Constituye una rotunda falsedad que Asturias resulte favorecida por el vigente sistema de financiación. En esta nación de plañideros, tan dada a magnificar agravios para conquistar prebendas, no es victimismo afirmarlo, sino una evidencia constatable con números en la mano, sin necesidad de retorcer torticeramente las balanzas fiscales. En el año 2013 la región figuraba como la quinta con más percepciones del Estado. El peso de las sucesivas actualizaciones del mecanismo de distribución ha hecho retroceder al Principado hasta la mitad de la tabla de ingresos por habitante. Y esto ocurre cuando los desembolsos para satisfacer a las autonomías crecieron un 8%. Conclusión: las desigualdades entre territorios siguen en aumento.
El origen de esta regresión hay que buscarlo en la caída de la recaudación tributaria, uno de los componentes fundamentales del método de reparto, y en la insuficiente compensación que llega de las partidas establecidas para nivelar las transferencias. Asturias ocupa el vagón de cola en los ingresos por impuestos cedidos como consecuencia de una endémica atonía económica solo disimulada mediante aguinaldos. Nadie trabaja para revertirla de raíz mientras muchos asturianos perciben opositar como la única alternativa, la lista del paro se enquista y los jóvenes sobradamente preparados emigran para ganarse el sustento. Una fiscalidad propia ineficiente y poco neutra empieza a interferir en las decisiones de las empresas, retrayendo la inversión y agravando los males.
A diferencia de lo ocurrido con la caída a plomo en la Gran Recesión tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la inyección de ayudas en la Gran Reclusión por la pandemia compensó a corto plazo la merma en las rentas. A costa, eso sí, de disparar el déficit en un contexto de deuda ya de por sí desbocada. Lo cual tampoco soluciona el problema, solo dilata sus efectos. Los desequilibrios habrá que corregirlos en algún momento para evitar la quiebra, y la montaña de préstamos, devolverla con intereses a los fiadores. Los bolsillos del contribuyente, como siempre, sufrirán.
Ante cientos de empresarios, el consejero de Economía de la Generalitat proclamó con dureza esta semana que los catalanes están sometidos a “un mecanismo perverso, casi de vasallaje respecto a España, debido al sistema de financiación”. En paralelo, el PSC de Iceta acaba de proponer una “reforma federal” del modelo, sin detallar lo que federal significa salvo que debe primar a su comunidad, a Baleares –una de las autonomías ya ahora mismo más favorecidas–, y a Valencia –precisamente de las que menos–. Así empezó otro invento para reivindicar regalías, el del “federalismo asimétrico”, jaleado entonces incluso por palmeros socialistas asturianos, que contribuyó a engordar la bola. Ya vemos en lo que degeneró.
Y, en fin, la estrategia del Gobierno central para reencontrarse con Cataluña pasa al parecer por recrecer las inversiones estatales y desviar hacia allí una parte exclusiva de los fondos de la UE. Aquí la ministra Maroto dejó advertido hace poco que bajo ningún concepto habría una subasta territorial del maná europeo. Otra receta especial como la vasca para privilegiar a una parte del país, aparte de consolidar para siempre ciudadanos de primera y de segunda, empobrecerá al resto de las regiones. Existe coincidencia entre los expertos: el cupo es un escándalo. No por ilegal, nunca lo fue. Sí por abusivo y sesgado. Con fórmulas ininteligibles y maniobras en la oscuridad, los regímenes forales aplican la ley del embudo con el beneplácito de los sucesivos ejecutivos nacionales. Reciben lo máximo, aportan lo mínimo.
¿Qué se busca ahora con una reforma del modelo de financiación y hasta dónde la dirigencia piensa llegar en las cesiones para satisfacer a las tribus que se sientan oprimidas? Una incógnita inquietante a tenor de los precedentes. Dado el poco eco que alcanzan en la Moncloa las peticiones asturianas y la facilidad en el actual momento político para saltarse los límites a conveniencia en función de las urgencias parlamentarias o electorales, conviene mantener alta la guardia. Porque Asturias pondrá en riesgo en este envite nada más y nada menos que su estado del bienestar y sus posibilidades de frenar la decadencia.
