Quienes hayan vivido lo suficiente para recordar la infancia o juventud mediado el siglo anterior, sin demasiados resabios de las ideologías, no podrán negar con buena fe que España en los años sesenta empezaba a remontar el desarrollo económico y a urgir la actualización de las libertades de prensa y de opinión.
Los primeros atisbos claros de los anhelos de liberalización política se materializaron en paralelo con la Ley de Prensa de Fraga del año 1966. Intento aún precario, pero también primer paso necesario en la no fácil tarea de alcanzar la auténtica libertad de prensa, promesa pendiente desde el año 1938 aún con una normativa lógica por las características bélicas del momento y muy restrictiva desde el principio de la Guerra Civil.
La prensa que podríamos catalogar como libre, con alguna licencia, había desarrollado una especie de espontáneo lenguaje convencional y como sobrentendido con los lectores habituales. Eran los años sesenta y setenta del desarrollo económico en la España del siglo veinte: de la extensión del Seguro de Enfermedad, de los pantanos, de los silos de cereal y de la primera motorización con el Seat 600, el Renault cinco y el llamado “cuatro latas” de Citroën. Por ahí seguido.
Establecido el Seguro de Enfermedad, un significativo avance social, y superado el racionamiento de alimentos de los años 40, habían surgido las vacaciones en las playas y lugares pintorescos de toda la geografía nacional con los Paradores de Educación y Descanso, se extendías los viajes y los estudios en el extranjero.
Eran los tiempos del desarrollismo, de las leyes sociales y de una aún demasiado cauta apertura al mundo occidental. Conseguida en parte, no sin sobresaltos, en los últimos tiempo del régimen de dictadura. No es del todo justo juzgar ahora aquellos tiempos con criterios del día de hoy. La red de pantanos, los silos de cereal, la industrialización, la relativa normalización de la vida real... Lo que no había era una libertad política auténtica, que intentó reinventarse con una serie de iniciativas de cierta participación social surgida de los prejuicios del régimen, a su vez derivados de la Guerra Civil.
Brotaron entonces una serie de iniciativas para inventar una especie de “democracia orgánica” que, como su propio nombre indica, consistiría nada más que en un mal remedo autoritario de la participación popular en la vida política. Trilogía propia de un falangismo ultra con el objeto de crear una especie de representación política a través de la familia, el municipio y el sindicato. Ámbitos en los que se suponía que se desarrollaba la vida de los españoles.
Tal vez era pedir demasiado. El sistema, como se sabe, duró mientras lo hizo el régimen derivado de la Guerra Civil. Casi cuarenta años. Las cosas fueron como fueron, con luces y sombras, y no como todos hubiéramos deseado porque faltó un detalle que iba a suponer un riesgo a plazo. El nuevo régimen político de libertades se estructuró con relativa buena intención a la muerte de Franco, pero llevaba el germen de los particularismos aún controlables pero amenazantes.
Surgía el régimen de las diecisiete autonomías. Toda una novedad amenazante.
