En el curso de verano “40 años Estatuto de los Trabajadores: el sistema de relaciones laborales ante la crisis por covid-19”, organizado estos días atrás por la Universidad de Alcalá de Henares en Cangas del Narcea, con la colaboración de UGT Asturias, tuvimos la oportunidad de aprovechar para poner en valor la capacidad de diálogo y negociación que se consiguió en el año 1980, y que tanto escasea hoy en la vida política, para sacar adelante una ley tan importante como fue la del Estatuto de los Trabajadores; porque fue un Ministro de Trabajo de UCD, quien, en una época singular como la Transición, en un proceso negociador inteligente, supo sumar –sobre todo al Partido socialista y a la UGT–, y poner en marcha sin ningún rechazo una norma que más de 40 años después sigue en vigor con más de 60 modificaciones y dos textos refundidos, muchos de ellos prescindibles, porque lo importante es que se cumpla lo que en la ley establece; y muchas veces sus preceptos no funcionaban porque no se cumplían, y de nada servía modificarlos; y otras muchas necesarias, como es derogar la reforma laboral de 2012, que solo ha traído desigualdad laboral, salarial y de género, temporalidad, parcialidad, empoderamiento de los empresarios y despido libre sin autorización.
Esa derogación debería ser la base para negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, porque las innovaciones tecnológicas, el trabajo digital, la incorporación de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y el teletrabajo, entre otros factores, están produciendo cambios de enorme entidad y alcance en las distintas formas de realizar el trabajo lo que está suponiendo una profunda transformación de las relaciones laborales comunes, para lo que la normativa actual es en muchos casos insuficiente, en otros simplemente no existe, y además algunas de las instituciones que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores no funcionan porque se han quedado obsoletas, y muchos de los derechos de los trabajadores están quedando sin proteger sobre todos los que afectan entre otros a los tiempos de trabajo, la racionalización horaria, la distribución irregular de la jornada, el derecho a la desconexión digital, a la confidencialidad, donde hoy estamos los trabajadores controlados a través de tiempos de conexión al ordenador, el móvil, los GPS, etc.
El nuevo Estatuto de los Trabajadores debe introducir –o al menos servir de paraguas para dar seguridad jurídica a los convenios colectivos– e introducir fórmulas que contribuyan al crecimiento y a la estabilidad y calidad en el empleo, que corrijan las desigualdades que sufren jóvenes, mujeres y otros colectivos vulnerables ante el enorme desempleo juvenil que padecemos y la brechas salariales y laborales que sufren las mujeres; tiene también que facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, mejorar los sistemas de Prevención de Riesgos Laborales, potenciar la polivalencia en el trabajo a través de programas de desarrollo profesional, y, desde luego, va a ser fundamental poner en marcha instrumentos alternativos con los que apurar todas las posibilidades antes de extinguir los contratos de trabajo. Un ejemplo muy claro de ello son los ERTE covid-19 que han posibilitado la supervivencia de las empresas y por lo tanto de los puestos de trabajo durante una situación tan dura como está siendo la pandemia del covid-19.
También, en la nueva norma laboral hay que hablar de formación profesional, porque la recualificación va a acompañar a los trabajadores durante toda su vida laboral, y por eso encaja hablar de jornadas laborales de 32 horas a la semana, en un contexto donde la transformación digital va más rápido que la recualificación a la misma de los trabajadores, también la normativa tendrá que tener en cuenta las singularidades en función de los sectores y los tamaños de las empresas en un país como el nuestro de un tejido empresarial de micropymes y con una clara diferencia de condiciones laborales entre unos sectores y otros.
En este contexto de transformación digital, con el riesgo que tiene para el empleo y las transiciones injustas, el papel de las organizaciones sindicales es más necesario que nunca, y se hace necesario una revisión de nuestra situación porque empleamos mucho tiempo y esfuerzo en la negociación, a todos los niveles, desde los comités de empresa hasta la concertación, con un amplio despliegue de medios personales y materiales, dedicación y esfuerzo en todos los ámbitos y para todos los trabajadores, que genera un beneficio a la sociedad, incalculable si lo analizamos en términos de estabilidad y paz social y que por desgracia, no es retribuido, ni reconocido socialmente, tampoco es entendido y muchas veces incluso es perseguido, y con las nuevas relaciones laborales producto de esta nueva era de la digitalización va a ser muy difícil poder seguir en las circunstancias actuales, por eso estamos pidiendo una ley de participación institucional, con un reglamento que desarrolle nuestra función constitucional, para ganar transparencia y que la ciudadanía sepa qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué recursos y dónde estamos presentes.
