La talla humana, jurídica y política de la ministra de Defensa Margarita Robles no se cuestiona. Su discurso, pese a mandar sobre generales y gestionar compras de submarinos o fragatas, es de paz, da confianza a la mayoría de lateralidades políticas.
Desde principio de la pandemia cuatro generales pasaban a diario las estadísticas de sus gestiones, hasta que un solo científico, Simón, asumió la coordinación y portavoz único. Esa es la esencia de la protección civil, tan ninguneada desde la aplicación del estado de alarma el 14 de marzo de 2020.
Pero con todo, una extraordinaria magistrada, en lo que concierne a su fortaleza de roble, fue copartícipe de un error administrativo –más que político– al consentir la declaración de estado de alarma, aplicando medidas desproporcionadas por libre, sin pasar el filtro de quienes representan al pueblo español, que no necesariamente es el gobierno de turno, sino las cámaras.
Lo hemos dicho desde 1999, quienes vivimos, estudiamos y nos graduamos en Protección Civil, incluidas misiones internacionales acompañando al Ejército, añadida la constante petición al Ministerio de Defensa para crear una Unidad de Emergencias para las misiones, consta en el Registro de Defensa.
La gestión de la pandemia debió sustentarse, además de los decretos ad hoc, en la aplicación de la Ley de Protección Civil, artículo 28 de la Ley 17/2015. Sin embargo el gobierno aplicó la protección militar estricto sensu. No lo dice el articulista, lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
Aun con la bondad y dedicación de la Unidad Militar de Emergencias, esa desproporcionalidad, ahora corregida por el TC, la apechugó el propio Simón, con sus lapsus incluidos, pero devolviendo a la población civil la serenidad propia del estado democrático, dejando a los generales en sus despachos y a la ministra de Defensa en su parte más margarita, que puso a disposición la Unidad de Emergencias apoyando al frente geriátrico.
El 29 de abril de 2020 LA NUEVA ESPAÑA recoge nuestra petición del “Día de la victoria” y, ahora sí, en la Moncloa, durante el reciente homenaje a las víctimas y sanitarios recuperamos a nuestra Margarita, más roble que nunca apoyando reverente a su –nuestro– Rey, dejándonos su parte más floral en esa crítica jurídica de “elucubración doctrinal” que los once magistrados –seis más cinco– del Constitucional aceptarán como tal, como un ramo de margaritas para lo que debió ser un estado de excepción y no una alarma privando de derechos fundamentales por error administrativo, y sobre todo por ningunear desde el principio la Ley de Protección Civil, incluida en el Ministerio del Interior de quien depende.
