El Gobierno ha llegado con el “caso Plus Ultra” demasiado lejos sin haber alcanzado la perfección. Más bien al contrario. La jueza cuestiona un rescate que pone en peligro los 19 millones públicos ya inyectados en una compañía que supuestamente no merecía ser rescatada a costa del erario. Y menos mal que la magistrada se ha encargado de ordenar la suspensión de una inminente entrega de 34 millones más. El argumento de que se trata de una empresa estratégica parecía a simple vista totalmente increíble por la escasa capacidad y el papel irrelevante de la aerolínea. Pero es que ahora ya no se puede justificar por los informes cuestionados del exministro Ábalos, un hombre empeñado en mantener a toda costa un vínculo cada vez más sospechoso con el chavismo que, según se cuenta estos días, está detrás de este vuelo irregular a costa del dinero de todos los españoles. Comprometer los fondos públicos y el prestigio institucional para salvar a una compañía aérea con una cuota de mercado mínima no es la mejor manera de transmitir a la UE el mensaje de que las ayudas de los socios comunitarios se encuentran a buen recaudo y serán bien administradas por los encargados de hacerlo en este país. No es de extrañar que nos empiecen a vigilar de cerca.
Los informes que ahora cuestiona la justicia no solo comprometen a Ábalos sino también al Gobierno; dos ministras, al menos, Calviño y Montero, defendieron y justificaron públicamente el rescate ahora en entredicho.
La utilización irreflexiva de los recursos públicos es más grave que nunca en estos momentos de crisis. Para ilustrarlo, tenemos el mal ejemplo de Plus Ultra por parte del Ejecutivo de Sánchez y también el aval del Instituto Catalán de Finanzas con que la Generalidad pretende cubrir la irresponsabilidad de los encausados del procés acusados de malversación, que cuestiona, a su vez, el Tribunal de Cuentas.
