El Parlamento acaba de avalar el real decreto-ley impulsado por el Gobierno de la Nación para la estabilización de miles de interinos. El asunto tiene excusas. La primera es perfecta: Bruselas lo exige para cumplir una de las condiciones de acceso a los fondos que ayudarán a paliar la situación económica generada por la pandemia. Por supuesto, lo que las autoridades comunitarias reclaman es sentido común y gestión responsable. En ningún caso invitan a saltarse nuestra Constitución en un asunto tan goloso como es el acceso a un puesto fijo para toda la vida laboral. Pero ¡que sabrán ellos!, a grandes males grandes remedios, se ha tirado por la calle de en medio y se camina hacia el precipicio con la firmeza y altanería consustancial a los que consideran que dos errores hacen un acierto.
La segunda excusa son las personas. Los colectivos y personas individuales implicadas son tantos y con argumentos tan consistentes que encontrar un mínimo común denominador resulta imposible. Todos hacen sus cuentas y les salen, todos tienen una historia personal que los justifica y cada cual libra su propia batalla diaria. Así que no se trata de cuestionar a colectivos o personas ni de estigmatizarlos con este o aquel argumento. Al fin y al cabo, para analizar la valía de cada cual habría que ponerse en sus zapatos y eso nos llevaría a encontrarnos, como ocurre en muchos otros campos, con que los méritos y los rangos no siempre van de la mano y, a veces, un peón o un ordenanza tienen más mérito, desde sus circunstancias personales, que un ingeniero o un abogado del Estado.
Con quien no caben excusas es con los gobiernos causantes de arrastrar a la Administración a una hipertrofia de distintas capas competenciales superpuestas y a una arbitrariedad difícilmente justificable en la gestión de los recursos humanos. Baste esbozar algunas cifras: en los últimos veinte años (datos extraídos del Registro Central de Personal de la Administración del Estado) el número de empleados públicos del conjunto de las Administraciones ha crecido en más de cuatrocientas mil personas, de los cuales trescientos sesenta mil han sido efectivos no fijos (interinos, temporales, etc.) generados, en su práctica totalidad, en las comunidades autónomas: si en 2001 el personal no fijo de estas administraciones autonómicas era el 24%, en 2021 representa el 35% de las mismas; es decir, uno de cada tres empleados del sector público autonómico es ahora interino o temporal.
Es indudable que con este escenario algo hay que hacer, no se puede seguir ignorando que existe un problema, como el que quiere ignorar que se ha colado un ñu en el salón de su casa, pero lo que en términos porteños bonaerenses da cierta bronca es que quienes deben solucionarlo (siendo en gran medida los mismos que lo han generado), aún se permiten dar lecciones y explicar sin rubor alguno lo que habría que hacer y que ellos, o sus correligionarios políticos, nunca hicieron. Muy al contrario, se dejaron arrastrar por la corriente de las presiones de grupos específicos, el crecimiento desmesurado del sector público autonómico y la sustitución, dentro de la Administración, de la planificación y el liderazgo por la cobertura de puestos sin convocatoria de oposiciones. En definitiva: la salida fácil de enganchar un año con otro sin buscar soluciones a la precariedad laboral y los problemas de organización.
Lo que parece que no se quiere reconocer es que todo esto, en términos reputacionales, supone un varapalo para el conjunto de las Administraciones Públicas y para quienes trabajan en ellas (funcionarios de carrera, interinos, o cualquier otro colectivo), tan obvio como incontestable. La paradoja es que la antigüedad, que era antaño el único sistema de provisión de puestos (el escalafón), se abandonó hace décadas como sistema esencial de provisión de puestos entre funcionarios, sustituyéndola por criterios diversos teóricamente más apropiados y “modernos”: cursos, méritos variados a granel, memorias expositivas, y similares. Ahora, sin embargo, la denostada antigüedad parece que podrá utilizarse como criterio de acceso, aunque endilgando a cada comunidad autónoma la definición de los plazos y límites. Conceptualmente, como en el juego de la oca, volvemos a la casilla de salida, retrocediendo cuarenta años. Así que, regresando al pasado, retomaremos las viejas consignas que los inefables responsables de la gestión de la función pública suelen aplicar con fruición: “al amigo el BOE, al enemigo con el BOE y al indiferente la legislación vigente”. La frase no es exactamente así, pero me tomo la licencia de parafrasear el original para describir la evolución de la función pública en España. Lejos de quedar en el olvido, como una receta rancia o un dicho escatológico de mal gusto, la frase parece estar más de actualidad que nunca.
Lo más llamativo del asunto no es intentar encontrar soluciones casi imposibles a situaciones de sonrojo desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos en el ámbito público (debido a los graves errores cometidos), sino que los diseños que se plantean no cuestionan en esencia el modelo, ni siquiera lo intentan. Así, en lugar de convertir el problema en una oportunidad, se da una patada a seguir tras la que vendrán los pleitos, los colectivos agraviados, los beneficiados y los cambalaches. Todo cambiará para que todo siga igual. Como paradigma de gestión confusa no es poca lección; solo para disimular, las próximas decisiones debieran ser más complejas, quizá cambiando la oca por el parchís.
