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Cuestión de Estado

El futuro modelo de financiación debe surgir del consenso interterritorial

LA NUEVA ESPAÑA ha pedido a los presidentes autonómicos que formarán una alianza del Noroeste en la batalla por la financiación autonómica que expresen cuál es su criterio sobre cómo debe garantizarse que la prestación de los servicios sea homogénea en el conjunto del país. Tras los artículos de los presidentes gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP); castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco (PP); y el jefe del Ejecutivo de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; Adrián Barbón, presidente asturiano, termina hoy la serie de artículos señalando los criterios que a su juicio debe incorporar el futuro sistema de financiación autonómica. 

El debate sobre la financiación autonómica suele enfocarse siempre con una sola perspectiva, la del provecho de cada comunidad. Es un enfoque lógico –por supuesto, a mí me toca anteponer los intereses de Asturias–, pero insuficiente, porque la revisión del modelo es también una cuestión de Estado, del modelo de Estado que queramos construir.

Tres cuestiones previas. Estamos ante una discusión recurrente. No pasa un año sin que se apele a la necesidad de reformar el sistema, sin que haya informes, protestas por las carencias, reuniones orientadas a abordar un asunto que emerge periódicamente con tanta fuerza como acaba difuminándose sin que se produzca un solo avance. La primera exigencia es esa: que no estemos ante un nuevo amago, sino que se encare de una vez. La actitud del gobierno de la nación indica, por fortuna, que ahora vamos en serio.

La segunda, que el planteamiento del Gobierno del Principado está expreso en el acuerdo alcanzado con todos los grupos parlamentarios –excepto Vox, autoexcluido con el argumento de que no comparte el Estado autonómico– en junio de 2020, en plena pandemia. Ahí se recogen con claridad criterios clave: multilateralidad, revisión del sistema fiscal, suficiencia, nivelación total… Y algo muy relevante: la reforma debe basarse “en las necesidades de gasto, no en la riqueza de los territorios, o lo que es lo mismo, debemos partir de las necesidades de la ciudadanía y no de la capacidad tributaria de los territorios”.

De ese entrecomillado se derivan propuestas conocidas, como nuestra insistencia en que se tenga en cuenta el coste real de los servicios y, para ello, se ponderen mejor factores que los encarecen, como el envejecimiento, la orografía o la dispersión. Ello implica que habrá comunidades con más financiación por habitante que otras, y esto ha de ser así porque los costes son superiores; de otro modo, el modelo no garantizaría la igualdad de derechos. Aquí estará uno de los nudos gordianos de la negociación: para nosotros, el número de habitantes no puede ser un baremo único (no lo es, de hecho). El coste de la sanidad y de los servicios sociales se dispara cuando hablamos de población envejecida, distribuida de forma dispersa en un territorio montañoso. De Asturias, sin ir más lejos.

La tercera, que también se conoce nuestra hoja de ruta, basada en un doble consenso: el interno –del que es buena prueba el acuerdo de 2020– y el externo, el que conlleva entendimientos con otras comunidades con planteamientos similares. Al menos, el Noroeste –Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León– tiene que acudir con una posición básica común a la negociación, forzosamente multilateral, que tendrá que desarrollarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esa triada de cuestiones previas conlleva tres conclusiones: el Gobierno de Asturias promueve la reforma, tiene claros sus criterios y definida su estrategia. Ahora cabe añadir que también sabemos qué modelo de Estado propugnamos. Cuando ponemos el acento en las necesidades de gasto y el coste real de los servicios en lugar de sobre la riqueza de cada comunidad estamos diciendo algo muy importante: que pensamos más en las personas que en los territorios, que defendemos la igualdad y la equidad en el acceso a los servicios públicos y que seguimos sosteniendo que la solidaridad y la cohesión deben ser fuerzas vertebradoras del Estado. Son, al cabo, las mismas y poderosas razones que nos llevan a defender la armonización fiscal. Quien lo cuestione, que repare en que estamos hablando de la capacidad para ofrecer una buena educación, una buena sanidad y unos buenos servicios sociales a todos los asturianos y asturianas. No sé si puede haber algo más importante. Es cuestión de Estado.

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