Dos fuertes golpes en una docena de años: entre crisis y crisis –la financiera de 2008 y la de la pandemia de 2020– los jóvenes han visto seriamente comprometidos su presente y su futuro. La doble crisis les sitúa en condiciones muy desfavorables para formarse y para entrar en el mercado de trabajo: precariedad, sueldos bajos e incertidumbre alta condicionan sus opciones de vida y amplían las brechas generacionales.
Cada vez más jóvenes están convencidos de que van a vivir peor que sus padres. Podía intuirse, pero lo confirma la macroencuesta con más de 13.500 entrevistas presentada en el Congreso de los Diputados (https://elfuturoesahora.org) en la que se afirma: “La crisis financiera de 2008 fue un desastre para los más jóvenes. Desde entonces, la precariedad laboral afecta a un 57% de los jóvenes de nuestro país”.
Precisamente la mayor preocupación de estos 13.500 jóvenes encuestados es el acceso al mercado laboral (14,14%); los que sí que tienen trabajo están especialmente intranquilos por la calidad del empleo (11,26%). Otro de los grandes retos a los que se enfrentan es el acceso a la vivienda. Ante este panorama, es normal que los jóvenes tarden mucho en irse de casa, formar una familia o comprarse un piso. Y a nadie le puede sorprender el desenlace lógico por el que muchos optan: buscar fuera un futuro mejor.
Tenemos una deuda intergeneracional con los jóvenes. Por justicia, pero también por interés. Es nuestra obligación crear un entorno que garantice condiciones de vida y de trabajo distintas, que diseñe un horizonte distinto, que permita un futuro sostenible a la sociedad.
La educación es la clave para la solución de la mayor parte de estos problemas. Sin una educación adaptada a las necesidades laborales y sociales del mundo de hoy no se podrá romper el efecto de las crisis y recomponer el pacto social. Una reforma del sistema educativo orientada hacia resultados prácticos y mucho más centrada en habilidades es fundamental para poder adaptarse al cambiante mercado laboral. Y esto tiene que aplicarse al sistema educativo tradicional, a la Formación Profesional (FP) y a la Universidad.
Desde Europa y, en parte, gracias a Europa, llegan modelos y herramientas económicas. En el Plan de Recuperación se destaca la necesidad de formación en competencias digitales a jóvenes; pero es necesario identificar cuáles son las verdaderas necesidades de las empresas en términos de competencias digitales y perfiles de empleo.
En cuanto a la FP, es muy positivo que haya un componente del Plan de Recuperación centrado en ella. En España, solo el 12% del alumnado se decanta por estos estudios frente al 29% de media de la Unión Europea. Prestigiar la FP en España es una asignatura pendiente, y hay que hacerlo mediante la cooperación pública y privada, buscando adaptarse a las necesidades de las empresas y del mercado laboral. Hay que realzar los itinerarios hacia la FP y favorecer el acceso a la universidad desde la Formación Profesional.
Y tenemos que cambiar el modelo demográfico y de vivienda. Las zonas rurales pueden ser la respuesta a los altos costes de alquiler de las ciudades.
Pero además tenemos que pensar en el mañana. La mayoría de los jóvenes considera que en España no se está llevando a cabo una planificación medioambiental suficiente. El cambio climático es un reto al que tendrá que enfrentarse sobre todo la generación futura. Tenemos que alcanzar la neutralidad climática, pero con precaución y sin dejar a nadie atrás, como propone la Comisión Europea en el paquete Fit for 55 que se presentó hace un par de semanas.
Y para todo esto deben servir esos fondos europeos de los que tanto hablamos: para reactivar la economía sin caer en la trampa del corto plazo. Los fondos son la oportunidad de transformar el modelo social y económico para las generaciones futuras. Pero nada es gratis. Estos fondos hay que repagarlos antes de 2058, así que lo mínimo que se puede exigir es que sirvan de verdad para construir las bases sobre las que los jóvenes puedan ver un futuro diferente al que, con razón, tanto les preocupa ahora.
