El juez García Castellón cierra la investigación del “caso Kitchen” y procesa a Fernández Díaz y su cúpula política y policial por espionaje y sustracción ilegal de la documentación que Bárcenas poseía sobre la caja B del PP y las correspondientes donaciones de empresas y cobro de sobresueldos en negro. Sienta en el banquillo a políticos y policías que tenían la responsabilidad de velar por nuestra libertad y seguridad. Triunfó el Estado de derecho.
Como en 1998 con la sentencia del caso Marey, secuestrado por los GAL. Entonces responsables de Interior socialistas y mandos policiales fueron condenados por organizar “guerra sucia” contra ETA. Combatieron así el terrorismo criminal que segó centenares de vida en nuestro país. La inmensa mayoría de los españoles compartía sus objetivos, pero sus métodos eran inadmisibles en una España constitucional. Y el poder judicial así lo sentenció.
El legislativo también indagó en ambos casos. Con comisiones de investigación. La de los GAL citó a una persona clave en nuestra Transición y la reconciliación que pretendía: el general asturiano Sáenz de Santamaría. Confirmó, al conservador que la presidía, su total disposición a contar todo lo que sabía sobre dicho grupo antiterrorista y sus predecesores en el final del franquismo y el amanecer democrático: la Triple A y el Batallón Vasco Español. Renunciaron entonces a su comparecencia.
Empezaba el año 2012 cuando, como diputado en el Congreso, realicé una primera pregunta sobre los privilegios concedidos por Interior a Bárcenas. Ocultaron la entrada y salida de su mujer, Rosalía, en la declaración que realizó en la Audiencia Nacional sin informar al juez ni al presidente de la misma. Entonces todavía pensaban resolver, con un “carpetazo”, los problemas judiciales del extesorero. Un año después empecé a interesarme por las generosas e inexplicables condecoraciones concedidas a inspectores y comisariados ahora procesados. Fueron centenares de iniciativas hasta 2017.
Las respuestas recibidas me remitían invariablemente al dicho de nuestra infancia: “¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa que nunca se acaba?” Yo repreguntara y ellos se enrocaban: “Te estoy diciendo si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa que nunca se acaba”. Hoy agradezco al juez que demostrara que no estaba loco, que sabía por qué lo preguntaba.
Pero sobre todo que una vez más haya puesto de manifiesto la fortaleza de nuestra democracia. Que, con todo lo que aún debemos mejorar, la separación de poderes funciona en España. Que la profesionalidad y el buen hacer de la inmensa mayoría de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no van a quedar empañadas por los chanchullos de una camarilla policial que solo perseguía su propio beneficio personal.
O que pensaban, como sentenció el Perich, que “en nuestra sociedad todo el mundo cree que la honestidad debería ser una cualidad ajena”.
