Sogepsa fue creada por ley en 1984 para el desarrollo, gestión y promoción de suelo y ha sido modelo para otras sociedades, fundaciones o consorcios promovidos por los gobiernos socialistas asturianos que la imitaron en posteriores décadas donde el Principado, no alcanzando nunca el 50 por ciento del capital, era quien decidía las inversiones, subvencionaba su funcionamiento, garantizaba sus proyectos con cargo a los presupuestos regionales o, cuando venían mal dadas, se hacía cargo de las pérdidas prácticamente en exclusiva como ya expuse en anteriores artículos sobre La Laboral, el Niemeyer o la ZALIA.
De esta manera, estando todas ellas presididas por altos cargos, siendo “designados” sus gerentes por el Principado, y ejerciendo su control absoluto desde el Gobierno, han venido esquivando la rendición de cuentas, de gestión y de información ante la Junta General basándose en una interpretación peculiar de la Ley de Sociedades que desde principios de la primera década de este siglo han desmontado directivas, leyes, sentencias y, ya recientemente, condenas penales para sonrojo de gobiernos socialistas y coaligados.
Siguiendo el modelo denunciado, la participación del Principado en Sogepsa supone poco más del 45 por ciento del capital aunque la mayoría pública del 57 por ciento la alcanza con diversos ayuntamientos asturianos, repartiéndose el resto del capital entre constructoras y promotoras privadas que conforman su carácter de sociedad anónima mixta.
Salvando la aportación inicial al capital social de los accionistas públicos y privados en su porcentaje y posteriores ampliaciones, el Principado ha sido el único ha contribuido a los gastos generales de gestión y funcionamiento, a subvencionar las actuaciones que desarrollaban, a avalar sus créditos, o a hacer aportaciones extraordinarias a su déficit en notoria desigualdad societaria, al seguir manteniendo la misma participación accionarial.
El Gobierno del Principado, a pesar de la dependencia política y económica casi absoluta sobre Sogepsa, esquivó durante décadas su control parlamentario bajo la teoría de que al no superar el 50 por ciento de participación y por existir capital privado en la misma no estaba obligado a comparecer y dar cuenta de su gestión ante la Junta General bajo el pretexto de regirse por la Ley de Sociedades y sólo tener que responder ante su consejo de administración o junta de accionistas.
Todavía recuerdo, de mi época de diputado, los intentos de que su gerente don Santiago Caicoya –ex alto cargo nombrado por el Gobierno socialista– compareciese y contestase a las más sencillas preguntas sobre la compañía escudándose en aquel argumento, o las de mi compañero Cuervas-Mons con José María Quirós con similares justificaciones.
Directivas de la UE, leyes de contratos del sector público y sentencias del Tribunal Europeo dejaron perfectamente claro que todos los organismos cuyo capital, financiación mayoritaria o control efectivo corresponda a administraciones públicas deben regirse y estar sometidos a similares controles a los de toda entidad pública. Y no sólo eso, sino que, expresamente para Sogepsa, la Sindicatura de Cuentas en 2007 en su primer informe de fiscalización advirtió su uso indebido como sociedad instrumental y medio propio por la participación de capital privado, cuestión a la que se sigue haciendo caso omiso en 2021.
En su favor, ha de decirse que en sus primeras décadas contribuyó al desarrollo de suelo y vivienda protegida hasta que una política desaforada y tardía en la promoción de suelo industrial contribuyó a agravar su situación financiera coincidiendo con la crisis inmobiliaria. Tal es así, que en diciembre de 2020 el suelo industrial urbanizado por Sogepsa sin vender ronda los 2 millones de metros cuadrados que debían competir con los millones en venta de la ZALIA, Musel, PEPA, Puerto de Avilés, los desarrollados con los fondos mineros...
La venta en 2021 de 200.000 metros a Amazon posiblemente lave la cara a la cuenta de resultados de la sociedad, pero lo cierto es que la deuda con el Principado más la contraída con el sector bancario superaba en 2020 los 150 millones de euros, sin contar las subvenciones recibidas a lo largo de estos años desde el Idepa, o las inversiones realizadas para sus accesos y servicios, o las pendientes para rematar los polígonos de Bobes o La Lloreda.
Los últimos movimientos realizados por el Gobierno del Principado para tratar de salvar el desastre económico de la sociedad tras entrar en preconcurso de acreedores en 2016; la condena por irregularidades de uno de sus gerentes por actuar como si de una empresa privada se tratase y que pagó por actuaciones similares a las que se venían produciendo por anteriores directivos; o la calificada por la Sindicatura de Cuentas como “operación atípica” con la constitución de SogesProa (una imitación de la Sareb) conducen irremediablemente al Principado a tener que hacerse con el 100 por ciento del capital, que asumirá, cómo no, las pérdidas acumuladas y una deuda de más de 150 millones de euros a añadir a las del resto de chiringuitos creados en las últimas décadas por la izquierda asturiana.
Como mal menor, se regularizará su situación como medio propio de la Administración advertida reiteradamente por la Sindicatura de Cuentas desde 2007 y, al menos, se cumplirá la ley y la sociedad será más transparente.
