Hay quien dice que los gobiernos suelen hacer bien tres cosas: arreglárselas para justificar las subidas de impuestos, combatir en la guerra y generar inflación. En España, de momento y afortunadamente, no hay guerra y los impuestos ya están a un nivel más que razonable (aunque seguramente ya se está diseñando un modo de incrementarlos o crear otros nuevos para financiar el incremento galopante de nuestra deuda pública). Así que parece que el gobierno puede hacer honor a aquella frase contribuyendo con sus decisiones en el mercado eléctrico a una subida de precios que añadir a la existente, tal como ha advertido el Banco de España en un reciente informe: la inflación ya alcanza el 3,3% interanual, incremento desconocido en nuestro país desde hace mucho tiempo.
La explicación que se dará a la ciudadanía para justificar la intervención en el mercado eléctrico es justamente la contraria: que se van a bajar los precios desbocados de la luz actuando coercitivamente sobre las compañías eléctricas. El planteamiento tiene una lógica política de libro: si para entender la complejidad del sistema eléctrico hay que ser poco menos que ingeniero aeronáutico y cuando uno cree entenderlo queda perplejo por las cuestionables decisiones adoptadas para la gestión del sistema en las últimas dos décadas, lo mejor es simplificar la cuestión echando la culpa a las avariciosas compañías eléctricas. Este planteamiento de culpar a las eléctricas entronca directamente con el sentimiento anticapitalista tan querido en los cenáculos revolucionarios izquierdistas, no tan lejanos de algunos miembros del Consejo de Ministros. La cosa tiene un efecto melodramático similar al de los protagonistas de “La casa de papel” cantando el “Bella Ciao”.
La medida, que viene a sumarse a otras similares: control de alquileres, incremento del mínimo salarial, etc., no está claro que vaya a ser positiva. Lo que se pretende hacer es someter los criterios del mercado a los dictámenes de los expertos gubernamentales, bajo el supuesto de que el mercado actúa aleatoriamente y los expertos planificadores saben lo que se hacen, lo que es menos seguro que poder afirmar que suelen ser más arrogantes y, muy probablemente, menos eficientes que el mercado. Buena parte del problema se debe al efecto de la política seguida con las renovables, cuyas subvenciones han sido tan cuantiosas que de recibir la industria del carbón volúmenes similares habría sido rentable, lo que no hubiera sido poca noticia para Asturias, que podría haber conservado sus explotaciones abiertas. Así que el principal argumento para el cierre de la minería del carbón igual no ha sido el económico, sino el medioambiental. Mientras tanto, se fomentaba con cuantiosas subvenciones a las renovables para reducir la dependencia energética y consumir energía más limpia, pero como nada es gratis eso tiene un coste que estamos pagando en la factura de la luz, especialmente porque se ha desechado la energía nuclear, más barata.
El caso es que la factura de la luz se dispara, debido a la realidad del mercado eléctrico en España, con gran parte de la población en mercado regulado (más barato, salvo sí, como ahora, los costes se elevan) y la conocida subida actual del precio del gas y de los derechos de emisión. Lamentablemente, bajar los precios sin bajar los costes del sistema no soluciona el problema y como, pese a quien pese, vivimos en un entorno económico de mercado típico de una sociedad capitalista, las empresas afectadas actuarán de acuerdo al mismo, manteniendo las instalaciones o productos que sean rentables y generen ganancias y suprimiendo las que generen pérdidas, y eso puede acabar dando lugar a nuevos incrementos de precios.
La más conocida definición de economía la acuñó el economista británico Lionel Robbins: decía que la economía estudia como distribuir recursos limitados entre finalidades ilimitadas, por lo que caben opciones distintas, y esa es la fuente de los conflictos. Es evidente que, si pudiéramos satisfacer las necesidades con recursos ilimitados, como Baloo en “El Libro de la selva”, la economía no tendría razón de ser y no habría compañías eléctricas, porque la luz o el gas serían regalados (aunque me temo que seguirían existiendo los contables, los inspectores de Hacienda los abogados y la intrincada ley de contratos del sector público y otras similares, eso no tendría remedio). Robbins impulsó la mejora de la financiación de las universidades por el Estado, así que sin ser exactamente un keynesiano, un ultraliberal no era, por lo que puede considerarse aséptica otra de sus frases: los problemas no suelen estar provocados por el capitalismo, sino por el empeño en desconocer el funcionamiento del sistema capitalista.
Que en las sociedades prósperas se crea un sentimiento de hostilidad hacia el capitalismo y las grandes empresas, impulsado en no pocas ocasiones por las clases más burguesas, no es ninguna novedad. Tal cosa lleva ocurriendo desde que el propio Karl Marx se sumara al término para definir lo que quería combatir y suprimir; eso es lo que explicaba en “El manifiesto comunista”, cuya publicación hace ciento setenta y tres años, nada menos, se ha celebrado entre otros actos con una nueva edición que la ministra de Trabajo y Economía Social ha prologado llena de gozo. Como explicaba el gran economista Thomas Sowell, hay gente que cree que las leyes de control de precios realmente los controlan, mientras existan personas que crean eso, estas leyes seguirán siendo viables políticamente.
