La detención del prófugo en Cerdeña y su inmediata puesta en libertad huele a chamusquina. Da pie a todo tipo de interpretaciones: si se trata de una operación orquestada por el Estado, como dicen algunos independentistas; si responde al globo sonda de una futura entrega pactada, o si es simplemente una estratagema del propio Puigdemont para resituarse en el primer plano político después de que lo expulsasen de la llamada mesa de diálogo. En cualquier caso, no es una casualidad que el expresidente de la Generalitat desafíase a las autoridades, primero en Francia, sin éxito, y acto seguido en Italia corriendo el riesgo de que lo detuvieran.
La interpretación de su abogado de que España informó al Tribunal General de la UE en julio de que ningún país ejecutaría una orden de estas características no sirve de mucho en el supuesto de que el Tribunal Supremo la mantenga, como sucede, activada. También es cierto que en este contexto de inacción no resulta fácil entender para qué valen las euroordenes si a un delincuente que le levantan la inmunidad no se le puede detener. Es una de esas cosas que el mundo actual no explica.
Tanto si se trata de un ardid de Puigdemont para volver a estar en el candelero como si no es así, a Sánchez y a sus socios de ERC les queda seguir escenificando su encuentro. Sánchez reclamando el diálogo como condición moral para disfrazar su política claudicante ante el chantaje separatista; Aragonés, tensando la cuerda para no quedarse atrás ante la reivindicación del prófugo haciéndola también suya. ¿Significa esto, sin embargo, una contrariedad para los planes de unos y otros? Pudiera parecer que sí y, en cambio, no estoy tan seguro de ello. La irrupción algo flamígera de Puigdemont y el efecto que tendrá en los próximos días su postura victimista puede devolver la efervescencia al separatismo, pero también permite abrir un compás de espera en la mesa de negociación que compromete al Gobierno y también a ERC, aunque disimulen.
