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Asturias, a las puertas del laberinto identitario

Firmamos este artículo personas vinculadas tanto a Asturias como a Cataluña, preocupadas por el debate sobre la oficialidad del asturiano. Tras haber sido testigos del daño que causan las políticas nacionalistas basadas, en buena medida, en la reivindicación de idiomas diferentes al común a todos los españoles, lamentamos que Asturias se inicie en la deriva identitaria. Por ello, nos sentimos obligados a alertar sobre las implicaciones de una decisión que, en otras comunidades, de forma por entero imprevista, ya está generando una grave fractura social.

Dotar de oficialidad a un idioma va más allá de reconocer su existencia y garantizar los derechos de sus hablantes, que en el caso del asturiano ya están protegidos por la Ley de 1998. Si el asturiano se convirtiese en lengua oficial pasaría de “lengua tradicional” a “lengua propia” de Asturias. Con ello, pronto se convertiría en “impropia” la única lengua que comparten todos los asturianos: el español.

Consideramos injustificado convertir en oficial una lengua que carece prácticamente de hablantes nativos y que, además, es en buena medida fruto de una reelaboración a partir de las variantes utilizadas en diferentes comarcas. Dado este carácter de “normalización” artificial, el argumento de que la oficialidad serviría para “conservar la lengua de nuestros abuelos” se diluye. Todos los asturianos comparten nuestra experiencia: nuestros abuelos nunca nos hablaron en la lengua que ahora se pretende hacer oficial.

La oficialidad convertiría al asturiano en lengua vehicular del sistema educativo ya que no puede excluirse como tal una lengua oficial, obligando a reestructurar y adecuar la red escolar y limitando el acceso a la carrera docente. A esto seguiría, con toda probabilidad, la exigencia del asturiano para acceder a puestos en las Administraciones Públicas. La entrada como funcionarios pasaría a depender del conocimiento de esa lengua y no de la valía profesional, lo que supondría un grave perjuicio para todos los asturianos: serían peor atendidos y en una lengua que no es realmente la suya propia.

A partir de aquí, se intensificaría la promoción del asturiano, y esta promoción es la forma amable de expresar que se buscará el declive del español. No hablamos o escribimos más porque haya dos lenguas oficiales, por lo que el crecimiento en el uso de una supone siempre un menor uso de la otra. ¿Deseamos esto realmente los asturianos? ¿Queremos encontrarnos, como ya sucede con los médicos en Baleares, con que dentro de unos años se expulsa a los profesionales que no conocen la lengua “propia”? ¿Deseamos que, para conservar un asturiano más o menos artificial, las escuelas reduzcan las clases en español, y que éste se abandone en las reuniones y los comunicados oficiales? ¿Deseamos que se promueva la rotulación en asturiano o, incluso, que se multe a quien no lo haga, como ocurre en Cataluña? ¿Somos conscientes de que la oficialidad del asturiano obligaría a revisar el estatus del gallego-asturiano, lengua materna de buena parte de los habitantes del Occidente?

Sabemos, por la experiencia de otras comunidades, que las políticas nacionalistas debilitan los vínculos entre conciudadanos, y alimentan la división y el enfrentamiento. Se cimentan, con frecuencia, en mentiras que apelan a mitos del pasado sin mirar hacia el futuro. Empezamos a verlo al comprobar cómo se usa la cuestión de la lengua para atizar los resortes emocionales de una sociedad, la asturiana, que había permanecido ajena a debates identitarios. Con la oficialidad, ese conflicto se intensificaría ante cada nueva medida que se pretendiera introducir sobre la base de dicha oficialidad. La división entre los asturianos iría paralela al progresivo distanciamiento respecto al resto de los españoles. El aislamiento empobrecería a casi todos, beneficiando solo a quienes convirtieran la nueva lengua en su palanca de beneficio personal.

Quienes firmamos este documento hemos constatado cómo otras comunidades han reducido el español al papel de lengua extranjera en la escuela, han expulsado a los profesionales que no conocían la lengua “propia”, y han instalado el conflicto permanente en la red escolar. Se ha llegado a espiar qué lengua usan los niños en el recreo y a señalar públicamente a las tiendas cuyos trabajadores se expresan en español.

Nada de esto sucede aún en Asturias, pero tampoco en otros lugares cuando se daban los primeros pasos. Pedimos una reflexión serena sobre el sentido de la decisión que se pretende adoptar, la cual, a nuestro juicio, no solo dividiría a la sociedad asturiana, sino que la separaría del resto de españoles. En la actual situación de crisis, Asturias debería estar pensando en cómo responder a sus muchos desafíos económicos y sociales, en vez de caer en un laberinto identitario.

Firmantes: Rafael Arenas García, catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de Barcelona; Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas; Isabel Fernández Alonso, profesora titular de Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona; Alejandro Fernández, diputado en el Parlamento de Cataluña; Jorge Fernández-Argüelles, consulto CI Partners; Emilio Ablanedo Reyes, letrado de la Administración de la Seguridad Social; Montserrat Baras, profesora (jubilada) de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Barcelona; Manuel Bagüés, catedrático de Economía, Universidad de Warwick; Mabel Míguez Mariñas, doctora en Historia; Javier Junceda, jurista y escritor; y Sevi Rodríguez Mora, catedrático de Economía, Universidad de Edimburgo.

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