Convendría que los parlamentarios que representan a esta comunidad en las cámaras estatales definieran de parte de quién están en la batalla política planteada a cuenta de la orden ministerial de protección del lobo, cuyo estatus iguala a las poblaciones de la especie tanto al norte como al sur del Duero. Lo que de facto supone la prohibición de la práctica cinegética que tiene al cánido en el punto de mira de las cacerías y acarrea la revisión de los planes de control autonómicos. Deberían manifestar senadores y diputados si están a favor de los dictados del Gobierno español o se alinean con las tesis del asturiano, dispuesto a acudir a los tribunales para preservar su modelo de gestión de la especie y defender los legítimos intereses de los ganaderos. Si están del lado de quienes les votan o de quienes les ponen el escaño.
Dice Hugo Morán, el inductor de la barrabasada lobuna, imbuido de los preceptos del talibanismo ambiental, que no habrá “menoscabo” al plan de control del lobo en Asturias. Y que el modelo asturiano, que supone la eliminación selectiva de ejemplares, “es el más parecido” al criterio que establece la Comisión Europea. Verde y en botella, sidra. Ocurre que Morán le enciende velas a Dios o al diablo y sopla unas y aventa otras según avanza la misa.
En la cadena trófica del lobo no existen predadores que permitan garantizar el control natural de la especie. Solo el hombre puede ocuparse de esa tarea. Que se haga de una forma razonable, seria, efectiva y científica es a lo que hay que aspirar. No a abrir una nueva brecha, definitivamente insalvable, entre el paisano del medio rural y el lobo. Si proteger al lobo supone sobreprotegerlo, habrá que pedir a Europa que declare a la ganadería extensiva en peligro de extinción.
