Dos y dos no siempre son cuatro en política, según una máxima copiosamente utilizada para referirse a los saldos de las alianzas entre partidos. En cierto sentido puede decirse que dos y dos a menudo tampoco suman cuatro en política presupuestaria. Sin ánimo de incurrir en sacrilegios matemáticos o económicos, la tentativa de señalar cuándo en las cuentas públicas dos y dos pueden ser tres o cinco en lugar de cuatro es una forma de aproximarse a las taras y virtudes del nuevo proyecto de Presupuestos del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene estos números gruesos: 458.970 millones de gastos y 379.997 de ingresos, y la perspectiva de una reducción del déficit público (hasta situarlo en el 5% del PIB) y de los débitos (hasta el 115%), fundamentada en la estimación de que la recuperación económica postcovid se acelerará en 2022 (crecimiento del 7%), gracias en parte al estímulo que supondrá la inyección de 27.633 millones de los nuevos fondos europeos.
Dos y dos podrían sumar cuatro e incluso cinco si la economía consigue el comportamiento virtuoso que el Gobierno dice vislumbrar y que refleja en una expectativa de aumento de los ingresos tributarios del 8,1%. Pero algunos números rechinan: el cuadro macroeconómico sobre el que están construidas las cuentas prevé un aumento del empleo del 2,7% y a la vez un avance significativamente intenso de la recaudación del IRPF (6,7%) y aún mayor de las cotizaciones sociales (9%). Cálculos de apariencia incongruente, salvo que fuéramos camino de una expansión extraordinaria de la productividad y de los salarios que por ahora no está a la vista.
Dos y dos podrían sumar tres en lugar de cuatro si las amenazas globales y domésticas que condicionan la recuperación se convierten en grandes lastres para España, casos de la carestía de las materias primas y de la energía y otros problemas de oferta que afectan principalmente a la industria. Las respuestas fiscales y regulatorias de Gobierno no han detenido una escalada en el precio de la electricidad que drena recursos de los hogares y mina gravemente la competitividad de las manufacturas, particularmente a las fábricas con grandes consumos energéticos como las de Asturias. El llamamiento del Ejecutivo a una intervención conjunta de la UE en los mercados energéticos ha sido rechazado por Bruselas, que ha indicado otro camino: reforzar el apoyo a las familias vulnerables y a las empresas, explorando en este último caso los límites comunitarios de las ayudas de Estado. Europa, señalada otras veces por el Gobierno como una barrera infranqueable para desplegar políticas más generosas con la industria básica, le está diciendo que tiene un margen de maniobra que hasta ahora habían negado los propios ministros concernidos y que por el momento (a expensas de las exigencias recién formuladas por el PNV) no tiene reflejo en las cuentas públicas de 2022 (se repiten las partidas de 2021 para compensar los costes de CO2 y para las rebajas del estatuto electrointensivo).
Dos y dos sumarán cuatro o no en la recuperación económica y en los ingresos públicos en función de cómo sea de diligente España en la utilización de los nuevos fondos europeos (Nex Generation EU). El proyecto presupuestario incluye casi 28.000 millones de euros procedentes de esa bolsa para 2022. El antecedente de 2021 no es alentador: los pocos datos conocidos señalan que, a la altura de agosto, el grado de ejecución de los fondos correspondientes a este año no pasaba del 7%, y la vicepresidenta Nadia Calviño expresó semanas atrás su preocupación por los problemas de tramitación. Dos y dos sumarán menos de cuatro si el dinero que llega de Europa para favorecer el crecimiento y la modernización del país queda varado en los laberintos burocráticos.
En la hipótesis de que los números de la economía y del Presupuesto sumen y resten lo que ha previsto el Gabinete, España acabará 2022 con un endeudamiento público relativo inferior al de este año, pero equivalente al 115% de toda la riqueza que genera el país en un año. En un clima global inflacionario ante el que empieza a especularse sobre subidas a medio plazo de los tipos de interés, el peso de la deuda asoma amenazante. Para quienes ante tales riesgos piensen en la conveniencia de empezar a apretar gasto, un recordatorio: España se adentrará desde el próximo año en un intenso ciclo electoral –a partir de los comicios andaluces de noviembre de 2022 y hasta las generales de 2023, salvo adelanto– y nadie relevante que se juegue algo en política va a proponer en este tiempo, por ejemplo, congelar las pensiones (172.000 euros, el 37% del Presupuesto de Sánchez) o los salarios de los empleados públicos. Tan claro como que matemáticamente dos y dos sí son cuatro .
