El PSOE está dispuesto este fin de semana a cerrar definitivamente las heridas internas del sanchismo, a sellar una identificación clara entre gobierno y partido y a afrontar una etapa decisiva: la de la gestión de los fondos europeos y la recuperación económica, que será la verdadera prueba de fuego para el Ejecutivo.
Pero el precio de la electricidad está convirtiéndose en un auténtico fastidio. Lo que comenzó como un inevitable efecto coyuntural puede acabar resultando un lastre estructural para esa ansiada recuperación. La necesaria transición ecológica, sobre la que pisó el acelerador la ministra Teresa Ribera, se ha topado con este efecto indeseado cuya solución a largo plazo pasa necesariamente por que la generación eléctrica de fuentes renovables termine por imponerse como la que marque los precios la mayor parte del tiempo, en vez del gas. Pero hasta entonces, queda afrontar un duro invierno en el que hogares e industrias verán fuertemente incrementados sus recibos de electricidad, con el consiguiente perjuicio que supone para la viabilidad económica de las segundas.
En tanto que ese deseado escenario se consiga, el Gobieno tendrá que tomar decisiones inmediatas, teniendo además la precaución de no pisar demasiado los callos de las grandes eléctricas, que han expresado su malestar con el decreto que reduce los beneficios de las compañías por el elevado precio de la energía. Una de las vías más inmediatas sería a través de los presupuestos generales del Estado, en proceso de negociación para ser aprobados, y para lo que el PSOE necesita el apoyo de los vascos del PNV y los catalanes de ERC.
El proyecto presupuestario de Ejecutivo reserva una cantidad de 179 millones de euros para compensar a la gran industria por los costes indirectos del dióxido de carbono y, al tratarse de empresas electrointensivas, también atenuar el impacto de sus costes energéticos. El Gobierno mantiene los 179 millones en las cuentas de 2022, la misma cantidad que la finalmente abonada en este ejercicio, después de que en junio se aumentase en 100 millones la cifra inicialmente prevista. Era esa una reclamación reiterada desde el gobierno asturiano y por el sector empresarial.
La Unión Europea permite que se destine hasta el 25 por ciento de lo recaudado en las subastas de derechos de emisión a paliar los costes energéticos de la industria. Ese porcentaje se calcula según la recaudación del año precedente, de ahí que los 179 millones concedidos este 2021 representasen apenas un 15 por ciento de los 1.200 millones obtenidos en 2020.
Pero la recaudación en derechos de emisión prevista para este año va a estar muy por encima de los 1.200 millones del pasado 2020 (que fueron los fijados en los Presupuestos de 2021). La subida del precio de la electricidad puede elevar hasta los 2.300 o 2.500 millones la cantidad finalmente obtenida. Ante esa cifra, los 179 millones de compensación a las eléctricas saben a mucho menos, ya que representarían apenas un 7,8 por ciento. Y Bruselas permitiría elevar esa partida, en ese caso, hasta los 575 millones de euros.
El PNV, especialmente beligerante en la defensa de los intereses de la gran industria vasca, tiene en este asunto un importante motivo de batalla en la negociación para dar su sí a los Presupuestos Generales. Ya ha mostrado especial interés en negociar su voto a cambio de más autonomía y desconexión con el Estado español para su territorio, pero también nota en sus carnes los efectos de la factura eléctrica. La planta principal de Sidenor en Basauri (Vizcaya) ya ha anunciado que cerrará durante veinte días a causa del elevado coste energético. Arcelor-Mittal también ha expresado su intención de llevar a cabo paradas en sus plantas en Europa por la misma razón y una de las afectadas será la de Olaberria-Bergara (Guipúzcoa).
Así las cosas, la gran industria asturiana puede encontrar en el PNV un aliado que presione para elevar las previsiones del gobierno para compensar a la industria electrointensiva y, en cierto modo aliviar un invierno energético que se anticipa duro. Conviene además recordar que precisamente uno de los proyectos claves para la industria asturiana con cargo a los fondos europeos será la construcción de un nuevo horno eléctrico para Arcelor, pero si los costes de la electricidad continúan suponiendo un problema continuado quizás la multinacional opte por tomárselo con más calma. De ahí que afrontar medidas estructurales que modifiquen la manera en que se compone la factura eléctrica resulte esencial, y también garantizar que la descarbonización se lleve a cabo pisando terreno seguro y estable.
