Que la costumbre no nos haga pasar por alto la gravedad de los hechos. Esto fue lo que se me vino a la cabeza hace unos días con la publicación de los Pandora Papers, un despliegue periodístico internacional que expuso las operaciones financieras de miles de personas (entre ellas Andrej Babis, primer ministro checo; Tony Blair, exprimer ministro británico, y Nikos Anastasiadis, presidente de Chipre) en paraísos fiscales. Los casi 12 millones de documentos expuestos públicamente hablan por sí solos sobre prácticas cuestionables desde el punto de vista legal y ético: por eso ha sido objeto de debate en el Parlamento europeo.
Hablo de costumbre porque lo único diferente con otros escándalos es la etiqueta de la filtración; el resto ya es conocido. Lista Falciani, Papeles de Panamá y del Paraíso, LuxLeaks... La preocupación ciudadana es lógica, porque la moraleja es similar, caso tras caso: los que deberían ser guardianes para poner coto a este tipo de prácticas son, en muchas ocasiones, los mismos que aparecen en los titulares.
¿Qué credibilidad vamos a tener los representantes públicos ante los ciudadanos si una y otra vez se comprueba la ineficacia de las autoridades para atajar problemas de tanto calado como la evasión fiscal y el lavado de dinero? Es importante que la UE tome la iniciativa y marque líneas rojas. Si esperamos a la siguiente exclusiva para tomar cartas en el asunto ya estamos llegando tarde.
Los representantes públicos tenemos que actuar y ser contundentes en la condena, tanto desde Bruselas como desde las capitales de los Veintisiete. A la hora de explorar medidas, una de las prioridades debe ser la creación de una agencia europea centrada en estos asuntos. La idea ya ha sido planteada por la Comisión Europea, que ha bautizado el proyecto como Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por su acrónimo en inglés). Que se cree con cimientos sólidos y con los suficientes medios humanos será esencial para avanzar en esta lucha.
Los liberales europeos hemos llevado al pleno de esta semana en la Eurocámara la necesidad de ser firmes ante la evasión fiscal dentro de las fronteras de la Unión. Las reglas del juego tienen que ser las mismas para todos, y no es admisible que las grandes fortunas se sientan impunes para defraudar y dar la espalda a la solidaridad mutua sobre la que se fundamenta la UE.
Y en esta llamada a la rotundidad que toda Europa debería tomar como propia, la ambigüedad política no es de recibo. Dentro del propio Parlamento he visto con rabia la reticencia con la que algunos grupos han acogido la resolución que hemos preparado estos días, no queriendo apoyar un listado que señala públicamente la evasión y a sus protagonistas.
Más allá de esta resolución, hay una lista negra de paraísos fiscales que periódicamente se actualiza para marcar posibles destinos de evasión y blanqueo. Lo sorprendente es que, a pesar de las reiteradas peticiones del Parlamento, los ministros de Economía y Finanzas de la UE decidieron excluir por motivos diplomáticos a varios países de esta lista. De esta forma enviaron una señal que, a mi parecer, es totalmente equívoca. Ahora es el momento de que la UE actúe de manera intransigente y marque unas exigencias y criterios que corten de raíz la evasión de responsabilidades fiscales. Sea quien sea el responsable o el cargo que ostenta.
Para ir a una con todos los mecanismos posibles, desde el Parlamento ya estamos trabajando en la futura legislación antiblanqueo. El objetivo primordial será garantizar que dentro de nuestras fronteras no haya paraísos fiscales y que avancemos hacia un marco tributario que siga respetando la política fiscal de cada estado sin distorsionar nuestro mercado común. En definitiva, asegurar el respeto absoluto hacia las obligaciones tributarias y acabar de una vez con la impunidad a la que, desgraciadamente y titular a titular, ya nos hemos acostumbrado.
