La rapidez con que PSOE y PP se han puesto de acuerdo para renovar importantes órganos constitucionales (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, y Agencia de Protección de Datos) contrasta con los tres años de interinidad a que obligó (en algunos casos) la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos. Un comportamiento irresponsable que, incluso, mereció un tirón de orejas por parte de las más altas instancias de la Unión Europea. Se comprende hasta cierto punto el recelo sobre la influencia que la supuesta afinidad ideológica pudiera ejercer en el ánimo de los llamados a decidir en cuestiones de cierta importancia.
Especialmente de aquellos que fueron propuestos por otros. Pero eso no justifica el triste espectáculo al que tuvimos que asistir durante todo ese tiempo. Si algo debe cuidar como oro en paño un sistema democrático eso es la independencia judicial. Desgraciadamente, los políticos y los medios no contribuyen como debieran a preservar esa imagen. Y ya nos han acostumbrado a poner al lado del nombre de jueces y fiscales una referencia explícita a la orientación política de cada uno de ellos distinguiendo “grosso modo” entre “progresistas” y “conservadores”.
Una clasificación que no presupone nada definitivo, porque todos hemos conocido “progresistas” que se comportaron como “conservadores”, y lo contrario. Entre otras cosas porque, con independencia del talante de cada cual, la legislación aplicable al caso ha de discurrir obligadamente por la vía que marca la ley. Digo lo que antecede porque he leído una noticia sobre la “persecución judicial” (no tiene otro nombre) que ha sufrido el expresidente de Brasil Lula da Silva. El veterano líder del Partido de los Trabajadores fue víctima de una conspiración urdida por el exjuez Víctor Moro en connivencia con la extrema derecha cuya cabeza visible era el exmilitar Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil .
Lula da Silva fue condenado a 20 años de cárcel por supuesta corrupción, lo que le impidió presentares a las elecciones. Según su abogado, “Lula fue condenado sobre la base de hechos indeterminados, sin tener en cuenta las pruebas de inocencia aportadas en forma de peritajes, testificales y documentos”. Afortunadamente la verdad fue abriéndose paso. Primero, con dos sentencias del Tribunal Supremo que anuló las acusaciones de corrupción. Y después, con el archivo de decenas de causas en las que lo habían enredado sus oponentes políticos para destruir su reputación. Pero tampoco a ellos les fue demasiado bien a partir de entonces. El juez que lo condenó, Sergio Moro, fue nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro y se vio obligado muy pronto a dimitir al revelarse el contenido de unas cartas cruzadas con los fiscales que intervinieron en las dos causas seguidas contra Lula.
“Sé que fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años”, dijo el líder del Partido de los Trabajadores en su regreso a la actividad política.- Lula dejó la presidencia con unos indices del 80% de apoyo popular. Pero las falsas denuncias de corrupción, junto a las campañas mendaces de los medios y a la colaboración de un sector reaccionario de la judicatura, arruinaron su imagen mientras enaltecían la de Bolsonaro. Claro que, puestos a escoger entre Jesucristo y Barrabás, el pueblo prefirió al último de los citados. Suele pasar.
