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Los términos del debate

Las incógnitas sobre los objetivos y el calendario de la oficialidad del asturiano

El repaso anual que hace la Junta General de la situación de Asturias acabó esta vez, como era previsible, en el bable. Las intervenciones se sucedían hablando de la pandemia, la economía y la demografía, hasta que el portavoz de Foro hizo referencia a la necesidad de una reforma integral de la Comunidad Autónoma, que debiera incluir una reforma del Estatuto con varios objetivos, de los cuales mencionó de forma concreta la oficialidad de la lengua asturiana. En su réplica, Barbón declaró que todo lo dicho antes quedaba obsoleto y que a partir de ese momento comenzaba un debate distinto. El presidente agradeció al diputado que hubiera presentado una propuesta negociable, a la vez que reprochó al resto de los grupos no haber hecho lo mismo, y anunció que en las próximas semanas su partido y su gobierno tomarían una decisión. Cabe esperar, por tanto, que el parlamento asturiano no tarde en iniciar el trámite legislativo de la modificación estatutaria.

En su programa electoral, en un capítulo dedicado al estado de bienestar, el PSOE se comprometió a proteger nuestro patrimonio histórico y a abordar durante la presente legislatura el debate sobre el Estatuto, procurando alcanzar un acuerdo consensuado en torno a la lengua que en todo caso excluya su obligatoriedad. En la sesión de investidura no había mencionado este asunto entre sus prioridades, pero le reservó la parte final del discurso para expresar la voluntad que viene reiterando desde que está al mando de su partido, en cuyo seno, su posición al respecto no goza de un respaldo unánime. La iniciativa asumida por el PSOE tiene el apoyo de otros grupos políticos y un respaldo difícil de precisar en la región. Según las pocas encuestas publicadas en el medio siglo pasado que ofrecen el dato, un porcentaje que oscila en torno a la mitad de los asturianos desea que el bable sea cooficial, pero rechaza la imposición de su aprendizaje y su uso con carácter obligatorio.

Así pues, la aspiración de los partidarios de la oficialidad debe ser recibida con el mismo respeto que cualquier otra. Además, brinda la ocasión para un gran debate democrático, que en Asturias no se produce con la frecuencia adecuada. Tiempo habrá para discutir el fondo de la cuestión y la dimensión política del bable. Lo urgente ahora es establecer los términos del debate, que ya está en la prensa y en la calle, porque en esta fase previa no apunta en la buena dirección. En primer lugar, y esto es responsabilidad del gobierno, no se ha justificado la oportunidad de este empeño, justo a la salida de la que se ha considerado mayor crisis de nuestra historia, que ha golpeado especialmente a una economía maltrecha y una sociedad desanimada como son las asturianas. En segundo lugar, no se ha facilitado a los asturianos la información necesaria para seguir y participar en un debate de enorme importancia simbólica y muy complejo. La Academia de la Llingua ha publicado valiosos informes, pero no se conoce una evaluación completa de la ley en vigor, que ayudaría a determinar si es conveniente aprobar una norma más ambiciosa, y tampoco se ha presentado una propuesta clara con un contenido mínimamente detallado, de manera que resulta imposible hacerse una idea del régimen legal que se pretende para el bable. La única vez que los asturianos fueron preguntados por las implicaciones de la oficialidad, el 42% solo acertó a responder que ninguna y otro 32% ni siquiera contestó.

Por último, el presidente debería aclarar si va a renunciar a una reforma sin consenso o, por el contrario, está dispuesto a aprobarla con la exigua mayoría de un voto correspondiente a un grupo parlamentario roto y en trance de desaparecer. Del mismo modo, es obligado despejar cualquier duda sobre quién y cómo tomará la decisión final. Cuando una sociedad está dividida en torno a un asunto que le afecta profundamente, no hay motivo por el que descartar definitivamente una consulta a los ciudadanos. La sugerencia lanzada por el expresidente Rodríguez Vigil tiene sobrado fundamento. Pero, aparte los inconvenientes legales que pueda haber para llevarla a cabo, téngase en cuenta que el muy democrático referéndum se ha revelado como un procedimiento muy manipulable, Asturias nunca ha organizado uno y su convocatoria supondría invertir lo que queda de legislatura en una larga y ruidosa campaña.

El lunes, Barbón finalizó su discurso con una apelación en tono dramático a la unidad de los asturianos, a los que invitó a confiar en el futuro, pero es muy consciente de que la oficialidad de la lengua, no el bable, que todos los asturianos sentimos como nuestro, es una cuestión que nos va a dividir aún más que el ambiente polarizado de la política nacional. Parece que el fin exclusivo de la reforma es oficializar el bable. Se propone el reconocimiento urgente de su nuevo estatus, pero se pospone sin fecha la elaboración de la nueva ley. El diputado de Foro que administra el voto decisivo en la Junta causa asombro al pedir rebajas de impuestos y una política de población a cambio de su apoyo. La oficialidad del bable no es una prioridad para los asturianos, dicho por ellos mismos, y en su apertura el debate está falto de información, descentrado y lleno de incógnitas sobre el objetivo y el calendario. En estas condiciones, el debate no es aceptable. Quizá sea mejor esperar a la próxima legislatura y, mientras, prepararlo como se merecen los asturianos.

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