La destitución de Rajoy, tardía aunque sobradamente merecida, se desencadenó a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional con una potencia de cien megatones. Surgía así una nueva rama de la Escandalogía, encaminada a determinar la magnitud que debe adquirir un escándalo para propiciar la pérdida del poder. Las crisis son inevitables, el mérito de un Gobierno consiste en determinar su alcance. Tan peligroso es perder energía atenuando sacudidas menores como subestimar las candidatas al batacazo.
La medición de las crisis se ha perfeccionado hasta el punto de saber que un ministro con cuentas en el extranjero, el abuso de Falcon o la infiltración de un líder saharaui camuflado entretienen pero no derriban, a falta de medir su capacidad de desgaste. En cambio, la luz apagará al Gobierno, su sobreprecio es demasiado visible y universal. La Moncloa se solaza tras haber apaciguado a las eléctricas, olvidando que la primera regla impone no guiarse nunca por el aplauso de los beneficiarios de la resolución de un conflicto, con sus palmetazos de superioridad a Sánchez. Cuando Zapatero respondió en 2010 a la impugnación de Obama con el agónico «me cueste lo que me cueste», recibió una ovación cerrada de la comunidad financiera pero colocó al PSOE al borde de la disolución. Hoy se censura el austericidio, aunque esa es otra historia.
La factura de la luz se cuela en cada domicilio con el mismo efecto corrosivo que la publicidad de un partido rival. Hasta los ajenos al telediario saben que han pagado el doble, en la única cifra del recibo comprensible, por un bien esencial que se explota comercialmente por meros intermediarios que presentan beneficios medidos en miles de millones de euros. Cuando una crisis se puede simplificar, también puede estallar. El ciudadano no necesita entender la factura, le basta con escuchar a Biden cuando ordena que «las grandes empresas paguen lo que les corresponde». De lo contrario, el Gobierno (a)pagará la luz.
