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José Antonio Díaz Lago

Un sueco en el chigre

Las cuentas de la oficialidad y el debate social sobre la reforma del Estatuto

Camino del Pozo de las Mujeres Muertas, la encrucijada donde confluyen Ibias, Allande y Cangas del Narcea, se pasa por Vegadorrio (acepción de 1508) y Monasterio (Munasteriu en algún texto). Un Decreto autonómico del año 2008 dispuso que habían de llamarse Veigadhorru y Monesteriu, lo que por supuesto es letra muerta y nadie dice en la zona. Lo mismo ocurre con el pueblo natal de Alejandro Casona, puerta de la bucólica parroquia de Las Montañas, que se llama y pronuncia Besullo, no Bisuyu, como el Decreto impone con una afirmación tan escueta como tajante: “los topónimos así determinados tienen la consideración de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente vigentes, si las hubiere”. La redacción es cuestionable, porque sustituir lo que “no hubiere” es imposible (será más bien crearlo o inventarlo), y el Decreto rezuma cierto desdén por las denominaciones primigenias, que han servido para designar a los lugares durante siglos y que ahora, por orden gubernativa, se cambian como si tal cosa. Quizá los habitantes de aquellos pueblos eran espectros que soñaban vivir en lugares inexistentes o les daban nombres repudiables.

Lo anterior es un ejemplo de lo que puede conllevar la oficialidad del asturiano: alguien nos explicará que lo que decimos en bable lo decimos mal y habrá que decirlo de otra forma, la académica, al menos para escribirlo y que los traductores al asturiano oficial se aclaren. Aunque la oficialidad exija uniformidad, ¿no se pueden respetar ni los topónimos para concitar voluntades? No sospecharía Ake W: Son Munthe, el filólogo sueco venido desde la Universidad de Uppsala hace más de un siglo para escribir su tesis sobre el bable suroccidental (legando para la posteridad un impagable libro de asombrosa erudición: “Anotaciones sobre el habla popular de una zona del occidente de Asturias”), que ese lenguaje podría quedar arrumbado, no por la previsible intrusión del castellano, sino de otro modo. Como los lenguajes no entienden de fronteras y el patsuezu de la zona se habla también en Tsaciana (Laciana), quizá se dará la paradoja de que el lenguaje del bable suroccidental solo se conserve…en León.

El chigre Asturias, tal como lo denominara el escritor en asturiano Andrés Solar en un hilarante relato, anda revuelto con el asunto de la oficialidad del asturiano; aunque hay quien no le presta demasiada atención, porque este es un tema tan recurrente como la lluvia. Esta vez, sin embargo, parece diferente. La iniciativa está lanzada, aunque no sabemos si la pretendida oficialidad será plena, mediopensionista o para ir al mar a por naranjas. No es baladí: si es plena implicará que cualquiera podrá utilizar el asturiano oficial cuando le parezca. Convendría que el gobierno regional y los partidos que lo sustentan y otros que podrían apoyarlo lo expliquen para que se entienda, porque lo que sabemos hasta ahora es bastante confuso, aunque se asemeja al milagro de los panes y los peces o a los tratos en un mercado persa. Veamos, al parecer todo va a ser mejor y la innovación y el desarrollo de Asturias se van a disparar (al decir de algunos) después de asumir más gastos por un lado (los que conllevará la oficialidad) y, más gastos por otro lado (los exigidos por un solo diputado). Así que la oficialidad del asturiano depende de si ese solo diputado y su partido obtienen sus exigencias y sacan rédito político del asunto. Todo muy lógico y razonable.

Por entrar en detalles, la posible oficialidad del asturiano será muy costosa, tanto o más que cuando otro gobierno socialista la estudió y desechó hace más de treinta años. Además, hacerlo ahora y no entonces es antieconómico, dado que las transferencias autonómicas se hicieron por el sistema del coste efectivo, que otorgaba un importe adicional cuantioso por el idioma, el llamado “hecho diferencial”, cantidades que vascos, catalanes y gallegos percibieron. En Asturias no accedimos a aquellos fondos, y ahora habría que hacer el gasto a nuestras expensas. Por otro lado, ya pueden esmerarse las sempiternas comisiones de simplificación administrativa: si tramitar una subvención o un contrato ya resulta farragoso con la prolija normativa y los procedimientos de la Administración, dupliquemos ahora los documentos y demos margen para que los traductores emitan y reciban los textos en asturiano, incluyendo los de organismos judiciales y, por supuesto, dotemos a todas las plataformas digitales de su versión en los dos idiomas para que nadie se enfade (no Netflix o similares, sino las que se usan en el trabajo diario). La convivencia de dos idiomas oficiales en pie de igualdad es quimérica, de modo que uno de los dos se acaba imponiendo: baste como ejemplo Cataluña, donde hoy en día resulta prácticamente imposible hacer una carrera universitaria sin saber catalán, o Galicia, que lleva el mismo camino. El caso vasco es distinto, porque tienen tanto dinero, por su peculiar y ventajosa financiación, que pueden permitirse duplicar las clases.

Lo más cuestionable es que un asunto de este calado se pretenda decidir por vía parlamentaria, con los votos de quienes no lo llevaban en su programa electoral. Si entendemos que este modo de actuar es correcto no habrá argumentos, políticos al menos, para oponernos a que el Parlamento catalán declare la independencia de igual modo. Las cuestiones de gran trascendencia social, que afectan a generaciones posteriores, deben adoptarse por mayorías sociales muy cualificadas. Si existiera una amplísima mayoría social para hacer el asturiano idioma oficial, uniformando su uso desde los distintos bables, ninguna razón podría ni debería pararlo, precisamente porque la ciudadanía estaría predispuesta a aceptarlo. Por eso es necesario que se explique con claridad qué es lo que se pretende hacer, la dimensión y alcance de la oficialidad y que la ley propuesta, en su caso, se acompañe de una detallada memoria económica, con la máxima difusión para que la gente juzgue si le conviene y está dispuesta a asumir los correspondientes derechos y obligaciones (estas últimas se suelen olvidar) que conllevará. En resumen, ¿puede saberse exactamente lo que se quiere hacer y a cuánto ascenderá la factura?

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