Resultaba evidente que la oficialidad del asturiano iba a ser el asunto medular de la reforma estatutaria planteada por el PSOE de Adrián Barbón; no se convertiría en un elemento más de un paquete de cambios, camuflado en el discurso de ser un simple reconocimiento de derechos. Y también era obvio que los partidos terminarían por aprovechar un asunto de tanta relevancia política para sus propios fines. El órdago de Foro Asturias, al plantear de manera condicionada su voto a la oficialidad a medidas fiscales, ha supuesto un punto de inflexión en el debate. El afán indubitado del Gobierno regional por impulsar la reforma se convierte ahora en cautela y precaución. La agitación del debate evidencia que no es un asunto que socialmente se perciba inocuo, que resulta polarizante y que podría convertirse en un tótem o un maleficio según cada cual.
A estas alturas de la película, la pretendida oficialidad del asturiano puede acabar encallada, “en vía muerta” como han reconocido algunos de los actores. Porque todos se encuentran a las puertas del segundo escenario del debate: la búsqueda de culpables ante el fracaso. Siguiendo el símil empleado sobre este asunto en otras ocasiones, una vez que el elefante de la oficialidad está paseándose por la Junta General, quienes lo sacaron al escenario hacen como si la cosa no fuese con ellos.
Los socialistas partían con un planteamiento de aparente victoria asegurada. Una vez que habían incluido en su programa electoral el propósito de abrir el melón de la reforma estatutaria con oficialidad, consideraban que conseguirla sería una victoria y no lograrlo también, porque se debería a la falta de voluntad de otros partidos. Pero quien pone la mesa tiene más responsabilidad que los comensales: quien parte el melón se expone a que se le reproche no haber alentado la degustación.
El PSOE situó en el debate una oficialidad del asturiano huérfana, con un modelo inconcreto, salvo el desafortunado término de “amable”, lo que ya hace entender que había una alta posibilidad de que no fuese percibido así.
Pero ahora, el Gobierno trata de dejar la pelota en otros tejados y que sean Podemos e IU quienes desautoricen la apuesta de Foro para así considerar que hay una responsabilidad colectiva. El riesgo de otro fallido intento de oficialidad está en haber jaleado la polaridad social sobre el asunto y, de paso, introducir un nuevo motivo de frustración en el asturianismo, un colectivo que no supone una gran bolsa electoral pero sí con significativo peso político en los partidos de izquierdas.
En esa estrategia de quitarse el elefante de encima, Podemos e IU no dudarán en responsabilizar al PSOE, a sabiendas de que cargar las tintas en exceso sobre Foro cerrará definitivamente la posibilidad de acuerdo alguno. Especialmente explosivo puede ser la cuestión en Podemos, sumido en un proceso interno para la secretaría general, por lo que habrá señalamientos internos de responsabilidad.
Y los foristas aprovechan la situación para hacer doble juego. Si la oficialidad sale, será porque han conseguido a cambio alguna de sus demandas; si no, el sector de la gijonesa Carmen Moriyón (el que se ha encargado de elevar el precio del voto favorable a la oficialidad sumando asuntos variopintos y exóticos como la vuelta al modelo anterior del plan de vías de Gijón) habrá alimentado el perfil reivindicativo de la presidenta del partido, quizás para preparar su candidatura a la Alcaldía como única vía de evitar la fuga de votantes en su granero electoral.
En el otro lado de la balanza, los partidos contrarios a la oficialidad han visto una forma de reforzar su electorado, pero también de disputárselo. Vox ha jaleado los discursos más simplistas sobre el asunto, convirtiendo una discusión que debería ser reflexiva y sosegada en argumentario de tertulia de bar. Ciudadanos y el PP han mantenido su posición de frontal rechazo, pero conscientes de que puestos a exponer posiciones siempre habría alguien más antagónico.
Sacar a pasear la oficialidad para lograr como único objetivo resucitar debates viejos supone una pérdida de tiempo. Mientras, los partidos orillan la solución definitiva que resolvería la cuestión, aunque supondría un todo o nada incómodo y tajante: seguir los pasos de la Comunidad Valenciana, establecer que pese a ser comunidad de vía lenta el Estatuto sea refrendado por la ciudadanía y allí ver qué pasa. Pero un Estatuto que incluyese la oficialidad y resultase rechazado se llevaría por delante a muchos y noquearía por décadas la reclamación asturianista. Y al contrario, si fuese aprobado provocaría un giro en el PP no sin cataclismo interno. Pero optar por esa solución exigiría sosiego, un proceso equivalente al anterior y que recibió una medalla de Asturias, un modelo claro, las cartas boca arriba de su coste y limitaciones y transparencia, algo que ha faltado en todo este tiempo.
