El panorama político se está encapotando y presagia un final de legislatura con muchas perturbaciones. El gobierno puede estar seguro de que no será derribado, su continuidad depende solo de sí mismo y de los partidos que lo forman, pero Pedro Sánchez apenas podrá disfrutar con tranquilidad de haber alcanzado su primer objetivo, la consolidación en el poder, y tendrá que ganarse a pulso la reelección. Deberá lidiar con una oposición beligerante y fortalecida, transformar en votos la desconfianza que suscita en un sector de electores de izquierdas y demostrar capacidad de gestión en una coyuntura harto complicada.
El presidente del Gobierno ha afirmado en el Congreso que el país está mejor. Quizá por reparo o por zafarse de un incómodo plagio a Aznar, tuvo la prudencia de no incurrir en la exageración que hubiera supuesto decir que España va bien. En todo caso, si estamos mejor, igual o peor que hace uno, tres o diez años es cuestión opinable. Hemos recobrado cierta normalidad, aunque sobrecargada de problemas. Los españoles piensan que lo peor de la pandemia ha pasado, pero una mayoría de los votantes de todos los partidos se muestra ahora más preocupada por la economía que por la salud. El 70% considera que la situación económica es mala o muy mala. Las previsiones del Gobierno han sido revisadas a la baja en cada nueva estimación. La última corrección, hecha por la Comisión Europea, pronostica un crecimiento de nuestra economía notablemente inferior al anunciado por el ejecutivo. España ha sufrido la mayor recesión entre los miembros de la Unión y de acuerdo con todos los cálculos realizados será el último en salir del bache. Las perspectivas de la economía española, en resumen, empeoran los datos manejados por el Gobierno para la elaboración de los presupuestos que se tramitan en el parlamento.
Un crecimiento económico lento, débil, y la ejecución de unas cuentas públicas desajustadas, tuteladas desde Bruselas, no son las únicas dificultades a las que se enfrenta el gobierno. Para los españoles, según el CIS, el primer problema se encuentra en la vida política. Josep Piqué, político ejemplar en todos los sentidos, un demócrata liberal de derechas, de aquellos que Gaziel en sus “Meditaciones en el desierto” echó tanto de menos cuando el país más los había necesitado, es uno de ellos. A una pregunta de este periódico sobre lo que el país debe tener en cuenta para salir bien de la crisis, respondió: “Nuestro principal reto no es estrictamente económico. Es político y social. Necesitamos recuperar consensos básicos”. Sin embargo, las cosas no parecen ir en esa dirección.
Si el buen hacer de los políticos es un poderoso estímulo para la actividad económica, la semana que termina ha ofrecido un amplio muestrario de lo contrario. El gobierno está generando gran inquietud en torno a la reforma de las pensiones por no hablar con claridad y mantener semiocultos sus planes. Pedro Sánchez hizo un uso abusivo de la demagogia para acusar al anterior gobierno del PP de haber roto “la hucha” y ahora se ve obligado a buscar con urgencia una solución, que consistirá en subir las cotizaciones y recortar las prestaciones, lo que está provocando tensiones en el gabinete y defrauda a los futuros jubilados. A Unidas Podemos le conviene cumplir el pacto con el PSOE, pero ha perdido protagonismo y solo puede ejercer ya el desdibujado papel de una oposición testimonial dentro del gobierno. La elección de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional ha vuelto a poner de manifiesto la escasa cohesión de la mayoría parlamentaria que da apoyo a Pedro Sánchez y, peor aún, el carácter persistente de la crisis política. La indisciplina en el voto de un número superior a una decena de diputados solo ha sido vista una vez en el Congreso, cuando quince parlamentarios socialistas se negaron a facilitar la investidura de Rajoy, en contra de la abstención adoptada por su partido. Los grupos nacionalistas, Vox y Ciudadanos, que suman un centenar de escaños, ni siquiera votaron, en protesta por el acuerdo entre el PSOE y el PP.
Pedro Sánchez es muy consciente de que debe alinearse con el ejecutivo de la Unión Europea para gestionar los fondos y equilibrar las cuentas públicas. Podemos ha dejado de ser una amenaza y la cuestión catalana no exige una actuación urgente, pero el PSOE está atado en el gobierno a la izquierda y a los nacionalistas, y, aunque ha moderado su discurso, el PP, que se cree con posibilidades de ganar las próximas elecciones, subirá el precio de cualquier acuerdo. El tiempo dirá si Pedro Sánchez y el PSOE han acertado con su estrategia de hostigar y aislar a su principal adversario. Desde luego, el balance hasta la fecha para España no es bueno. Ni crecimiento económico, ni estabilidad política y muchos asuntos conflictivos sin resolver.
