En este país de bandazos ideológicos y gobiernos de cuchufleta, pasamos de la ley mordaza a la ley viva la Pepa; del toletazo al antidisturbios de la señorita Pepis. La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana acarreará mayor inseguridad, denuncian los agentes policiales, a quienes se desviste de atributos necesarios para el cumplimiento de su función de garantes del orden público. Hay buenos y malos policías, como buenos y malos periodistas y buenos y malos políticos, pero una manzana con gusano dentro no merece poner en cuestión la salud de toda la cesta. De lo que no hay duda es de la maldad de todos los delincuentes.
Imaginemos que un individuo de hábitos sospechosos se niega a identificarse a la Policía en un parque público lleno de niños. Con el cambio de la ley, el tipo en cuestión permanecerá dos horas como máximo en Comisaría y al cabo de ese plazo será devuelto al lugar donde fue interceptado. Además de convertir a los agentes en transportistas de viajeros y a las “lecheras” en taxis, si se tratase de un merodeador sospechoso ¿qué pensarían las madres de esos niños al ver de vuelta al individuo al lugar de donde se lo llevaron, convenientemente escoltado?
La nueva normativa impone la sombra de la duda sobre el atestado policial y cuestiona su presunción de veracidad y limita el uso de material antidisturbios. Váyanse los agentes desproveyéndose de pelotas, a ver cómo repelen los disturbios graves y el ataque callejero de los violentos, que a estas horas brindan con cava mientras preparan la próxima escaramuza.
Además, se autorizan manifestaciones sin necesidad de permiso gubernativo. Cuatro reuniones espontáneas a la misma hora perfectamente orquestadas colapsarían el centro de Gijón y Oviedo con la máxima impunidad. Ya habrá quien se frote las manos al grito de “la calle es nuestra”.
