La legislatura se desinfla. El gobierno de coalición pierde impulso cada día más enredado en sus propias contradicciones sin otro plan que no sea cumplir con la Unión Europea para recibir los fondos que nos ayuden a recuperar la economía y frenar a la oposición. Y el PP, con prisas por volver al gobierno, pero revuelto por dentro, siembra dudas. Domina la sensación de que una transformación de la estructura productiva, el fortalecimiento de las instituciones y la regeneración democrática, objetivos necesarios y a la vez postergados, son inalcanzables a corto plazo. Hace falta que la sociedad española los comparta y la condición para ello es que la clase política se comporte de un modo más responsable.
Véase el curso que sigue la elaboración de los presupuestos del Estado o de las comunidades autónomas de Cataluña, de Andalucía o de Asturias. En el primer caso, aparte las compensaciones debidas a los grupos nacionalistas y regionalistas, la negociación está interferida por la pretensión de varios partidos de la mayoría parlamentaria de revisar la ley de amnistía de 1977, un asunto que no está en la agenda pública de los españoles. En el segundo, la dificultad surge de un desacuerdo político entre los distintos sectores del independentismo catalán a la hora de satisfacer sus aspiraciones soberanistas. La marejada de fondo que hay en la derecha está enturbiando la política andaluza. Y en Asturias, el debate presupuestario se mezcla con la cooficialidad de la lengua, de tal manera que el bable resulta devaluado por los mismos partidos que apoyan su consagración en el Estatuto de Autonomía.
El gobierno procura salir del paso aplicando paños calientes o posponiendo los problemas. Pero, como sucede en relación con el sistema de pensiones, sus cambiantes propuestas no consiguen generar consenso y seguridad. El reparto de los fondos europeos no acaba por sí solo con los problemas de los jóvenes, la educación, la productividad o la deuda. Para aprovechar la oportunidad que nos brinda la Unión es preciso emprender una política de reformas ambiciosas y eso no es posible si el empeño no cuenta con un respaldo amplio de los grandes partidos. El gobierno ha diseñado una estrategia a medio plazo para el país que hoy es papel mojado por la falta de confianza en el estamento político.
La coalición que lidera Pedro Sánchez va perdiendo la batalla de la opinión pública. La situación no podría ser más favorable para la oposición. El gobierno disfrutó de cierta protección durante la pandemia, pero ahora está al descubierto. Sin embargo, algunas de las miserias más lúgubres de la política han aflorado juntas esta semana en torno al PP. Uno se imagina las presiones cruzadas que estará sintiendo el presidente andaluz. Desde luego, la fecha de las próximas elecciones autonómicas es un dato clave, es posible que el más decisivo, de la política nacional. Pero en la oscura minicrisis que atraviesa el PP quizá esté ocurriendo algo más relevante. Es claro que el liderazgo de Pablo Casado suscita opiniones encontradas en el interior del partido. El discurso de Ayuso, con sus énfasis libertarios, en coincidencia flagrante con Cayetana Alvarez de Toledo, ya no deja lugar a dudas. Pablo Casado sufre en carne propia el desplante de una corriente explícitamente ultraliberal, similar al que él mismo propinó a Soraya Sáenz de Santamaría, al reprocharle que se postulara para continuar con las tibias y desdeñosas componendas que habían caracterizado el estilo político de Rajoy. En el verano de 2018 aún no había emergido Vox, la sombra más perturbadora que Pablo Casado hubiera podido imaginar.
La coalición de gobierno permanece en el poder, pero poco a poco se va deshaciendo, y en el PP la atención se centra en las divergencias con Casado y una pugna soterrada por el discurso y el liderazgo. La situación es un tanto insólita. En el actual periodo democrático, los españoles han tenido siempre un sustituto en quien depositar su confianza. Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy gobernaron con muy buenos registros electorales. Desde 2011 el relevo en el poder no ha vuelto a producirse con la misma naturalidad. La mitad de los votantes del PSOE, el PP y UP expresan a través del CIS su preferencia para presidir el gobierno por un político que no es el líder de su partido. El 18% de los votantes socialistas opta por Yolanda Díaz. La mayoría de los votantes del PP desconfía de Pablo Casado. El gobierno acusa un desgaste y la oposición se enreda, ante la atenta mirada de Vox. En la España del interior, donde el PSOE y el PP agrandan sus victorias electorales, asoma un batallón de damnificados que ha tomado buena nota del modo en que ejercen el arte de la política en la arena estatal los nacionalismos periféricos. Todos están tomando posiciones a la espera de que Moreno Bonilla decida cuándo la interminable competición partidista que todo lo abarca pasa por las urnas.
