Admito que las noticias de los últimos días me provocan una especial desazón sobre cómo deberé llevar a cabo mi trabajo en el futuro. Y no me ocurre a mí solamente. Miles de mis compañeros en los diferentes cuerpos de policía –nacional, autonómica o local– y otros tantos guardias civiles tienen serias dudas sobre cómo se resolverán en el futuro sus intervenciones si la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana se lleva a cabo en los términos en los que se ha conocido el borrador de esta modificación.
Ni entro siquiera en si la actual normativa, que algunos califican como “ley mordaza” es mejor, peor o indiferente. Esa, entiendo, es la misión de los legisladores y de los poderes públicos elegidos democráticamente por todos nosotros, por los ciudadanos.
La tarea para los servidores de la ley, para los defensores de la democracia y de los ciudadanos, pasa por lograr que ese ordenamiento jurídico se cumpla y, para ello, también necesitamos del rigor y la seguridad jurídica suficiente para desarrollar nuestro trabajo. Y es aquí donde me surgen algunas de las dudas. Según se ha sabido, en la futura ley de Seguridad Ciudadana el valor del testimonio de los agentes pierde su presunción de veracidad, menos en el caso de las sanciones de Tráfico, precisamente el área en el que desarrollo mi tarea como guardia civil desde hace años. Aquí está una de mis cuitas que espero que desde el Ministerio del Interior sean capaz de aclararme en este caso. Supongamos que en mi trabajo doy el alto a un vehículo en el que viajan cuatro atracadores que acaban de vaciar las arcas de un banco. Mi informe –en el fondo, mi testimonio–, ¿servirá para que les pongan una multa de tráfico por exceso de velocidad pero no para que sean acusados de un delito de robo con violencia? ¿Qué parte de mi testimonio será considerado veraz? ¿El referido a que se saltaron una señal de stop, causa de la correspondiente sanción administrativa y retirada de cuatro puntos del carné de conducir, pero no el que indicaba que venían armados e intentaron atropellar a mi compañero de patrulla cuando les dio el alto? Ya sé que dirán que mi ejemplo es sesgado, interesado, rebuscado para el caso. Pero no por eso dejará de ocurrir.
¿Alguien nos necesita?
Muchos sentimos que, a pesar de que nuestra presencia en la calle se entiende por la mayoría como un plus de su seguridad personal, otros, los menos, desearían nuestra desaparición. Y no porque en un mundo feliz no hiciera falta el despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad sino porque nuestra sola existencia supone en ellos un obstáculo para imponer su voluntad, o dominar con sus condiciones; o bien, quizá, aplicar sus exigencias y particulares normas de conducta.
Si hasta el momento hemos podido cumplir con nuestro compromiso de garantizar la seguridad y el orden público que nos requiere la sociedad, con la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, en los términos que se anuncia, nos acerca a un escenario de oscuridad, de dudas y de incertidumbres.
Cambios normativos como el que se anuncia son una cuestión de Estado y exigen de un análisis llevado a cabo con prudencia que no haga de la reforma un laboratorio donde se experimente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que se busca inocular una medicina con efectos secundarios extremadamente peligrosos tanto para la convivencia como para la conservación y mantenimiento del Estado de Derecho.
Por esta razón se ha producido una unión histórica entre todas las siglas representativas de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Una unión que pretende acabar con el que consideramos que puede ser el mayor ataque sufrido en los cuerpos policiales en la historia de la democracia española.
¿A quién beneficia? ¿Y a quién perjudica?
Una investigación siempre determina a quién benefician los hechos y a quiénes les perjudican. También en el desarrollo de las decisiones legislativas ocurre y tememos que los mayores perjudicados por este cambio serán los ciudadanos. Cualquiera que así lo imponga, por su simple voluntad y en cualquier momento, podrá conculcar su libertad de circulación o la de acudir al trabajo, dirigirse a recoger a sus hijos o la de ir a la compra o al teatro. La seguridad de los ciudadanos quedará muy comprometida. Difícilmente se podrán garantizar calles pacíficas si se lastra, cada vez más, la actuación preventiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Qué ocurriría si unos violentos impiden el tráfico por una calle, o el paso del transporte público, o deciden sentarse en las pistas de un aeropuerto, paralizar las operaciones aéreas y poner así en peligro su propia seguridad y la de los viajeros? Sin opciones para una intervención oportuna que dificulte estas situaciones España puede convertirse en un país inseguro para sus habitantes y para cualquier visitante. De manera que solo los ingobernables saldrán ganando con esta reforma, solo los antisociales y los violentos se beneficiarán del “todo vale en las calles”. En sus actuales términos, esta norma debería denominarse “ley de sumisión o de rendición del Estado de Derecho”.
¿Qué busca el Gobierno?
Estamos seguros de que el ministro, Fernando Grande-Marlaska no esperaría a que un guardia civil sea asesinado en las calles para darse cuenta de la necesidad de dotarnos de los medios humanos, materiales y legislativos que faciliten y promuevan el desarrollo de nuestro trabajo con seguridad. Por eso, cuando aún estamos a tiempo, le recordamos que aún hay plazo para que en el desarrollo de la futura ley de Seguridad Ciudadana puedan colaborar los protagonistas de su posterior aplicación, tanto en el día a día como en el marco general de una democracia consolidada como es la española. Confundiría posiblemente a los votantes que el Gobierno cuestione el trabajo de las Fuerzas de Seguridad si desprotege a los policías al tiempo que ofrece una sensación de inmunidad al violento, al delincuente, a quien incumple las leyes. Saquear comercios podría ser una actividad lucrativa de algunos si cada vez disponemos de medios más limitados para la defensa tanto de la democracia como del Estado de Derecho.
En lo personal, porque bajo el uniforme tenemos vida propia, nos preocupa, y mucho, que las modificaciones ayuden a que la presión y el acoso que padecen las familias de los policías y de los guardias civiles, sobre todo en determinados territorios españoles, pueda aumentar y convertirse en un ataque permanente a su derecho a la intimidad y en un peligro para su seguridad.
Queremos ser garantes de la ley y de la seguridad ciudadana, pero requerimos que se nos dote de operatividad, que se nos facilite una actuación eficiente y efectiva, con disposición de medios humanos y de materiales, con seguridad jurídica y con garantías sobre nuestra integridad física.
Somos, y esperamos seguir siendo, los defensores de la ley, de la democracia y de todos los ciudadanos.
