Tras la sesión de trabajo del Comité organizativo de las cumbres autonómicas, a la que ha faltado el País Vasco, el ministerio de Política Territorial ha publicado una nota de prensa en la que augura que la Conferencia de Presidentes prevista para enero en La Palma alcanzará un acuerdo sobre la actuación de Protección Civil, la gestión de los fondos europeos y la reforma del reglamento interno. La ministra ha declarado que los representantes de las comunidades autónomas están conformes con “hablar solo de acuerdos”. Sin embargo, portavoces de varias autonomías han pedido que en el encuentro se confirme la inclusión en los presupuestos del próximo año de un fondo para afrontar gastos derivados de la pandemia, al que se opone el Gobierno, y se inicie el debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, cuya aprobación consideran urgente, que el ejecutivo por su parte prefiere abordar con calma, en vista de las discrepancias evidenciadas en las posiciones de partida.
El pasado 23 de noviembre, bajo el lema “Camino de consenso”, el Foro Santiago celebró en la capital gallega una reunión con la asistencia de ocho Comunidades del norte, el occidente y el interior del país. Ocupan dos tercios del territorio del Estado, en ellas reside una cuarta parte de la población española y en la actual legislatura tienen reservados 114 escaños en el Congreso, un tercio del total, catorce menos que en 1977, y 121 escaños en el Senado, el 45,6% del pleno. Asturias es la circunscripción que más diputados ha perdido, tres. Bien puede decirse, no obstante, que media España estuvo presente en la cita del Foro. Los presidentes autonómicos, a través de una declaración conjunta, constatan la existencia de intereses comunes, proclaman su adhesión “incondicional” al orden constitucional y los principios que guían al Estado de las Autonomías, recuerdan las necesidades específicas de financiación que comparten y expresan su voluntad de consenso. Así pues, sería una necedad minusvalorar la importancia de este primer encuentro.
La cumbre ha puesto de manifiesto una conciencia clara de los desequilibrios territoriales que hay en España. El Estado de las Autonomías ha elevado el bienestar y las capacidades de las regiones menos desarrolladas, pero ha reducido en escasa medida las desigualdades en relación con las más ricas. El documento firmado por los presidentes señala la situación crítica de la demografía en sus comunidades y reivindican solidaridad y recursos para aplicar políticas que contribuyan a invertir las tendencias a la despoblación y el envejecimiento, y que garanticen la igualdad en la prestación de los servicios públicos. El ministro de la Presidencia ha prometido en Oviedo el apoyo del gobierno a la España despoblada. ¿Asturias está despoblada o envejecida? Desde luego, es prioritario actuar sobre estos problemas y hacía falta que las regiones que atraviesan una profunda depresión dejaran oír su voz. La cuestión, sin embargo, es que las urgencias no nos lleven a la confusión o el error.
El foro abre una ruta que podría resultar muy fructífera, si por fin nos decidimos a dar pasos en la dirección correcta. La declaración de Santiago es una demanda justificada de financiación, pero no hace referencia a tres aspectos, entre muchos otros, decisivos para resolver el problema de fondo de las regiones reunidas. El primero es el carácter reactivo de las políticas públicas. Hemos tenido que llegar a una situación límite para plantearnos el reto demográfico, cuando la evolución de la población es la más predecible de las tendencias sociales. Del mismo modo que vamos adquiriendo el hábito de evaluar las políticas, conviene que procuremos anticiparnos en su formulación a los problemas. Al respecto, los asturianos no hemos aprendido todas las lecciones de la reconversión de nuestra economía.
En segundo lugar, la reunión de Santiago ha servido para explicitar la imperiosa necesidad de culminar la institucionalización del estado autonómico con una reforma del Senado y de su sistema electoral. La cámara alta no está cumpliendo con su función constitucional, la propia en los estados descentralizados con parlamentos bicamerales, mientras unas Autonomías tramitan sus intereses en negociaciones directas con el gobierno central, otras se coaligan para reforzar sus demandas y el sistema político carece de una instancia deliberativa y legislativa que se encargue de la política territorial con el concurso permanente de todas.
Otro asunto que no ha sido mencionado en el foro es la organización territorial del poder del Estado. España es de los pocos países europeos que no ha adaptado en las últimas décadas la estructura local a los cambios sociales. Los desafíos de la sociedad española en el futuro inmediato quizá aconsejen una revisión del mapa político y administrativo. Las Autonomías apenas han prestado atención a este aspecto. En Asturias, por ejemplo, fue una prioridad en la agenda del primer gobierno autonómico, pero al cabo del tiempo solo tenemos en nuestro haber la experiencia, valiosa pero frustrante, de las mancomunidades.
Con la dependencia de los nacionalistas en la que ha caído el gobierno de Pedro Sánchez se observa un aumento de las asimetrías del estado autonómico, que ha animado a todas las otras Españas a hacerse notar. El foro de Santiago será una buena iniciativa si tiene continuidad con pasos más ambiciosos.
